Debate nacional crece tras aval legislativo a la nueva Ley General de Aguas

El debate nacional sobre el manejo y la regulación del recurso hídrico continúa intensificándose luego de que el Congreso aprobara en lo general el dictamen para crear la nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta, que redefine el régimen de concesiones y actualiza los instrumentos de supervisión, ha provocado reacciones encontradas entre autoridades, especialistas y sectores sociales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que existe una “campaña de desinformación” en torno a la reforma. Explicó que el proyecto no privatiza el agua ni limita derechos adquiridos; por el contrario, busca corregir abusos históricos en la explotación del recurso y combatir esquemas irregulares que han permitido enriquecimiento a costa del consumo de las mayorías.

“Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando, una visión que ha causado muchas afectaciones en el país (…) en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías”, señaló la mandataria federal al respaldar el planteamiento.

Morales López agregó que la iniciativa pretende fortalecer la rectoría del Estado, reforzar el combate a la corrupción y ordenar procesos de concesión y renovación, especialmente en regiones con estrés hídrico o uso intensivo de agua para actividades industriales y agrícolas.

Sin embargo, legisladores de oposición y organizaciones civiles mantienen reservas sobre disposiciones que, consideran, podrían centralizar facultades en la autoridad federal y limitar la participación comunitaria en la gestión del recurso. Anunciaron que vigilarán la discusión en lo particular, donde se presentarán reservas sobre vigilancia, distribución y prelación de usos.

El proceso legislativo continuará en las próximas sesiones, mientras el debate público se mantiene como uno de los más relevantes de la agenda ambiental y de derechos humanos del país.