Nueva Ley General de Aguas entra en vigor: centralización sin garantías reales, alertan especialistas

Este jueves 11 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la nueva Ley General de Aguas, con reformas, adiciones y derogaciones aprobadas por el Congreso de la Unión y promulgadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque el Gobierno Federal presume un avance histórico, especialistas y organizaciones civiles advierten que la reforma nace con serias debilidades técnicas y una preocupante concentración de poder en la Conagua.

La nueva legislación reconoce el agua como un derecho humano, lo que obliga a los organismos operadores a suministrar una cantidad mínima indispensable para el consumo humano básico, conforme a estándares internacionales. Además, de acuerdo con medios locales, estas dependencias no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, una medida que busca proteger a los hogares más vulnerables. Pese a ello, analistas señalan que la ley no establece con claridad cómo se financiarán los sistemas operadores frente al aumento de morosidad ni cómo se garantizará el mantenimiento de la infraestructura.

El documento también establece que la Conagua deberá elaborar una Estrategia Nacional para erradicar la distribución inequitativa del agua. Este plan, realizado junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y aprobado por Semarnat, incluirá escenarios de línea base y metas a 10, 20, 40 y 60 años, con revisiones cada década. Sin embargo, críticos advierten que un plan de tan largo alcance, sin contrapesos ciudadanos ni auditorías independientes, podría limitarse a ser un ejercicio burocrático sin impacto real.

A ello se suma que la aprobación de la ley se dio sin un proceso amplio de consulta pública, lo que ha generado desconfianza en comunidades, productores agrícolas y especialistas del sector hídrico.

Aunque la ley promete equidad, transparencia y acceso garantizado, su implementación será la prueba definitiva para saber si representa un cambio estructural o solo un nuevo discurso sobre un problema que sigue sin resolverse.