Cuando el crimen decide en la política

Hay regiones donde la democracia no se disputa en las urnas, sino en la sombra. El Triángulo Rojo de Puebla es una de ellas. Un territorio marcado durante años por el huachicoleo, la violencia y el control criminal, donde la pregunta nunca ha sido quién gana la elección, sino quién autoriza que alguien compita.

En ese contexto aparece el nombre de Nadia Navarro Acevedo, dirigente del Partido Pacto Social de Integración (PSI) y diputada federal, no como una figura más del tablero político, sino como una operadora clave en una región donde la política y el poder fáctico han convivido peligrosamente cerca.

Un audio filtrado, hoy en manos de esta casa editorial, no prueba delitos, pero sí exhibe una forma de hacer política que explica por qué el Triángulo Rojo sigue siendo un territorio capturado. En él se habla de acuerdos “ya cerrados”, de una sola interlocutora con el gobernador, de “garantías”, de no marchar, de no protestar, de obedecer. De jugar “tranquilo”.

Nada de eso es lenguaje democrático. Es lenguaje de control.

El audio coloca a Navarro como la única negociadora con el entonces gobernador Miguel Barbosa, alguien que llevaba y traía perfiles, que cerraba tratos, que comprometía candidaturas. No se mencionan ideales, ni programas, ni ciudadanía. Se habla de cumplir, de garantizar, de alinearse. De no tener compromiso con nadie… más que con el poder.

Y ahí está el problema de fondo.

Porque el Triángulo Rojo no es cualquier región. Es el mismo corredor donde operaron personajes como “El Toñín”, identificado por autoridades como líder huachicolero. Es una zona donde la política local no puede analizarse sin hablar de crimen organizado, control territorial y miedo social. En esos municipios, elegir mal a un candidato no es un error político: es una concesión de poder.

Por eso no es menor que, desde la conferencia presidencial, se haya advertido sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales locales. Tampoco es casual que el nombre del PSI haya surgido en ese contexto. Lo que durante años fue un secreto a voces hoy empieza a discutirse en voz alta.

La contradicción es evidente: Nadia Navarro hoy critica al gobernador Alejandro Armenta, pero el audio la sitúa como una operadora eficaz del poder en la era Barbosa. Crítica al sistema que ayer supo negociar. Denuncia lo que antes administró. La pregunta no es si cambió de postura, sino por qué.

Este caso no va —todavía— de sentencias judiciales. Va de algo igual de grave: la captura de la política por acuerdos opacos, especialmente en territorios donde la legalidad es frágil y el Estado llega tarde o no llega.

El silencio también dice cosas. Hasta ahora, no hay una explicación pública clara sobre el audio, su contenido o su contexto. Y mientras no la haya, la sospecha crece. En política, cuando no se aclara, se confirma en la percepción pública.

El Triángulo Rojo no necesita más operadores. Necesita instituciones. Necesita procesos limpios. Necesita saber si quienes los representaron llegaron por votos… o por pactos.

Porque cuando la política se negocia como mercancía, la democracia deja de ser un derecho y se convierte en un riesgo.

Y en Puebla, ese riesgo ya lo hemos pagado demasiado caro.