El estado bajo la odisea de inseguridad

Puebla atraviesa un complejo escenario de seguridad marcado por la violencia criminal, el hallazgo constante de cuerpos, amenazas del crimen organizado y la presión directa sobre autoridades municipales. Aunque el gobierno estatal reporta cifras de homicidio menores a otros años y mantiene coordinación con fuerzas federales, la presencia de al menos siete grupos delictivos —entre ellos CJNG, Sinaloa y La Familia Michoacana— mantiene a la entidad en una disputa territorial que impacta tanto a ciudadanos como a la estructura institucional. Entre operativos, detenciones de objetivos prioritarios, protección a alcaldes amenazados y acciones penitenciarias estratégicas, el estado enfrenta una lucha permanente por recuperar la estabilidad frente a una realidad donde la violencia continúa marcando la agenda pública, pero el trabajo se hace.

Inseguridad que golpea a la ciudadanía

Puebla arranca el año bajo un escenario que obliga a cuestionar el alcance real de las estrategias de seguridad. Tan solo en enero, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó el hallazgo de 15 cuerpos en la capital poblana y un total de 64 homicidios en todo el estado durante ese mes. Aunque la cifra fue catalogada como menor frente a otros años, la violencia sigue presente en la vida cotidiana.

El funcionario reconoció que actualmente operan cerca de 2 mil 400 policías en la ciudad, en las 17 juntas auxiliares. En este contexto, el propio titular llamó a la corresponsabilidad institucional al señalar que el combate al delito requiere la participación coordinada de todos los niveles de gobierno.

Incluso al interior de las corporaciones existe preocupación. Sánchez González sostuvo una reunión con su homólogo Félix Pallares para evaluar estrategias que permitan prevenir, al tiempo que reconoció que existe personal policial que no está cumpliendo con su labor.

Amenazas, violencia visible y mensajes criminales

El inicio del mes de febrero de este año, también estuvo marcado por hechos que reflejan la crudeza del entorno delictivo. Restos humanos fueron localizados junto a mensajes de amenaza en la carretera a Valsequillo, al sur de la ciudad de Puebla, lo que derivó en una fuerte movilización de seguridad y cierre parcial de la vialidad.

El hallazgo ocurrió en la colonia Guadalupe Victoria, donde vecinos reportaron bolsas abandonadas en la vía pública. Autoridades confirmaron que contenían restos humanos con huellas de violencia. Sobre las bolsas se encontró una cartulina con mensajes presuntamente ligados a una organización criminal, lo que reforzó la hipótesis de disputas entre grupos delictivos.

Este tipo de hechos no solo impacta en la percepción social, sino que consolida un ambiente de temor que comienza en la ciudadanía y escala hacia las estructuras de gobierno.

Grupos delictivos y disputa territorial

Parte de este escenario está ligado a la presencia del crimen organizado. El secretario de Seguridad reconoció que en Puebla operan al menos siete grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y bandas locales dedicadas al robo de gas y combustible, además de la célula conocida como La Barredora.

Estos grupos están relacionados con delitos como narcotráfico, extorsión, robo de hidrocarburos y violencia regional. De acuerdo con autoridades, su presencia en la entidad se ha consolidado en los últimos siete años.

Ante este panorama, el gobierno estatal mantiene coordinación con la Federación mediante vigilancia en puntos estratégicos, operativos conjuntos y acciones de inteligencia enfocadas en la captura de líderes criminales; sin embargo es una tarea titánica, la odisea en la que vive Puebla.

Municipios bajo presión: la inseguridad también alcanza a sus líderes

La violencia no se limita a la población civil. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó que siete presidentes municipales cuentan con protección estatal tras recibir amenazas directas del crimen organizado.

Entre los municipios identificados con riesgos se encuentran Ayotoxco de Guerrero, San Salvador Huixcolotla, Ixcaquixtla, Eloxochitlán e Ixcamilpa de Guerrero, además de otros donde la información se mantiene reservada por seguridad.

Uno de los casos más delicados fue el ataque armado contra la alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Alicia Guerrero Hernández, quien posteriormente recibió escoltas estatales. La zona cercana a Veracruz continúa siendo identificada como foco de disputas criminales que impactan la gobernabilidad local.

Se logran algunas detenciones y golpes operativos al crimen

A pesar del contexto, existen resultados en el combate al crimen, aunque lentos, visibles. Durante 2025, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 99 personas consideradas objetivos prioritarios.

De estas, 48 se identificaron como integrantes del CJNG, mientras que 45 fueron catalogadas como generadores de violencia. Tres más fueron relacionadas con La Familia Michoacana y otras tres correspondieron a personas extranjeras.

En este contexto también destaca la detención de Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, quien fue capturado en Tlaxcala tras permanecer prófugo desde 2025. La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, tras meses de labores de inteligencia.

Por su parte, el El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que, en Puebla, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 el delito de homicidio doloso disminuyó 41 por ciento, y que los delitos de alto impacto en el mismo periodo descendieron 11 por ciento. Refirió que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se detuvieron a mil 365 personas por delitos de alto impacto, se decomisaron más de 400 armas de fuego y más de 300 kilos de droga.

El caso Zavala y el mensaje de que la justicia, tardía, pero llega

Uno de los hechos más relevantes de las últimas semanas fue el traslado de Javier López Zavala al penal del Altiplano, en el Estado de México.

El operativo se realizó el 2 de febrero a las 6:00 horas, con el objetivo de garantizar la estabilidad en el penal de San Miguel. La medida se ejecutó tras meses de litigio y bajo coordinación con autoridades federales, respetando protocolos de seguridad y derechos humanos.

El traslado marca un precedente en la estrategia penitenciaria del estado y envía un mensaje institucional: los procesos judiciales continúan avanzando.

Pese a ello, el propio contexto evidencia que el reto de seguridad en Puebla sigue vigente. La justicia avanza, pero el escenario demuestra que aún queda un largo camino por recorrer.