La simbiosis entre gobierno y empresas

La palabra simbiosis proviene del griego syn (junto) y biosis (vivir). En biología describe una interacción estrecha y duradera entre organismos de distintas especies que conviven bajo tres esquemas: mutualismo (ambos se benefician); comensalismo (uno se beneficia sin afectar al otro); y parasitismo (uno prospera a costa del otro). El naturalista alemán Heinrich Anton de Bary popularizó el término para explicar cómo la naturaleza equilibra la cooperación y la supervivencia. Trasladado al terreno económico y político, surge una pregunta: ¿qué tipo de relación simbiótica existe hoy entre el gobierno y las empresas en México? La respuesta no está en el discurso político, está en los hechos y los datos.

Las empresas formales son el motor de la economía. Según datos oficiales, la actividad empresarial privada concentra más del 80% del Producto Interno Bruto cuando se considera el valor agregado no gubernamental, y más del 70% del empleo formal proviene de micro, pequeñas y medianas empresas. No se trata solo de una contribución, es la columna vertebral del crecimiento y el desarrollo social. En términos fiscales, los ingresos tributarios son superiores a los 4 billones de pesos anuales, con la mayor parte originada en la actividad productiva formal.

En estados industriales como Puebla el patrón se repite, la industria manufacturera aporta cerca del 29% del valor agregado estatal, con una fuerte orientación exportadora en sectores como el automotriz y de autopartes. La empresa no solo genera empleo directo, crea cadenas logísticas, comercio, servicios financieros y consumo local. Por eso el debate debe ir más allá de cuánto aporta el sector privado y debe centrarse en definir si el intercambio entre empresa y Estado es equilibrado.

El empresario formal no solo paga ISR e IVA. También cubre cuotas obrero‑patronales al sistema de seguridad social, alrededor de 1.5 billones en 2024, además de contribuciones estatales y municipales, permisos, licencias y una carga regulatoria que consume recursos financieros y tiempo administrativo. En teoría, esta transferencia debería traducirse en seguridad, infraestructura eficiente, servicios de salud funcionales, movilidad, tribunales ágiles y certeza jurídica, pero no es así.

Tomemos un ejemplo ilustrativo. Una empresa que reporta un millón de pesos de utilidad neta, con un margen del 30%, habría generado aproximadamente 3.3 millones de pesos en ingresos, es decir, de un esfuerzo de ventas, producción, logística y tiempo. Sobre esa utilidad, el empresario pagará alrededor del 30% de ISR, si distribuye dividendos, pagará un 10% adicional. A esto deben añadirse cuotas patronales, que pueden representar entre 25% y 35% adicionales sobre el salario base de cada trabajador y costos indirectos por cumplimiento regulatorio, asesoría contable, auditorías y seguridad privada ante deficiencias públicas. En términos reales, de ese millón inicial generado con riesgo, inversión y operación, el empresario conserva alrededor del 63%, sin considerar otros costos indirectos asociados al cumplimiento fiscal. Si añadimos los costos estructurales que muchas empresas asumen por falta de servicios públicos, el rendimiento efectivo se comprime aún más. ¿Justifican el entorno institucional, la seguridad y la infraestructura recibida la carga que soporta el sector productivo?

Cuando el intercambio es equilibrado, la relación es mutualista, las empresas prosperan, el gobierno recauda y la sociedad obtiene bienestar. Cuando el Estado absorbe recursos sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, infraestructura o legalidad, la relación se aproxima al parasitismo. No se trata de subordinar al gobierno al sector privado, sino de restablecer un equilibrio que funcione, el empresario se esfuerza y arriesga y el Estado debe devolver ese esfuerzo con servicios y certezas que permitan reinversión y crecimiento. La ineficiencia en ese intercambio se paga con menor inversión, menor productividad y, en última instancia, menor crecimiento para todos, lo que al final del día incentiva a los empresarios a salir de la formalidad o a irse de México.

El Banco Mundial ha documentado de manera sistemática que los países con mejores indicadores de Estado de derecho y control de la corrupción registran mayores niveles de inversión extranjera directa y crecimiento sostenido en el largo plazo. No es coincidencia que economías como Singapur, Suiza o Corea del Sur combinen marcos regulatorios predecibles, infraestructura de clase mundial y una política activa de innovación con altos niveles de ingreso per cápita. Según el Foro Económico Mundial, estos países ocupan consistentemente posiciones de liderazgo en competitividad global debido a la fortaleza de sus instituciones, estabilidad macroeconómica y adopción tecnológica. Las economías que crecen no enfrentan, ni dividen al sector productivo, lo integran estratégicamente mediante reglas claras, inversión pública y colaboración público-privada orientada a la productividad.

Hoy esa integración es más urgente que nunca. La transformación tecnológica, inteligencia artificial, ciberseguridad, y digitalización de procesos, son realidades que redefine la productividad global. La adopción tecnológica puede elevar el crecimiento potencial de economías emergentes, pero solo si existe capital humano y un entorno institucional y económico adecuado. La tecnología y la innovación exigen condiciones adecuadas para florecer, conectividad, marcos regulatorios claros, protección de datos y tribunales eficaces. Eso no lo provee el mercado por sí solo, requiere de acción pública eficiente y coordinada con la iniciativa privada.

En este escenario yo veo que existe un error conceptual recurrente en la visión política actual, afirmar que el empresario ideal no debería depender del gobierno. La empresa no depende del Estado para innovar o asumir riesgos, depende del Estado para garantizar un terreno de juego funcional y un contexto económico que de certeza a las inversiones. El empresario paga, el Estado administra. El empresario invierte, el Estado regula. Separar estas funciones es desconocer la arquitectura de cualquier economía moderna.

Entiendo que la exigencia debe ser recíproca. Demandar mejores condiciones no equivale a buscar privilegios, significa exigir simplificación regulatoria, transparencia, combate efectivo a la corrupción, inversión en infraestructura estratégica y políticas que incentiven formalidad e innovación. También implica que el sector privado asuma un rol responsable y activo en la agenda pública, presentando propuestas concretas, alianzas público‑privadas y compromisos de inversión que vayan más allá de la queja y la crítica.

Los tres niveles de gobierno deben entender que el empresariado no es un actor accesorio ni un adversario ideológico. Es el principal generador de empleo y el contribuyente estructural del sistema económico de México. En contextos de bajo dinamismo, la inversión privada es el mecanismo más rápido para recuperar crecimiento y estabilidad social. Cada empresa que abre o expande sus operaciones representa empleo, ingreso y desarrollo.

En todo es planteamiento, la verdadera disrupción no está en la confrontación, sino en el rediseño de la relación. Mutualismo implica reciprocidad, impuestos a cambio de servicios eficientes, inversión a cambio de certeza jurídica, innovación a cambio de infraestructura y seguridad pública. Parasitismo es insostenible en el largo plazo, porque en la naturaleza, las especies que aprenden a cooperar sobreviven, las que agotan a su huésped desaparecen con él. En la economía ocurre lo mismo. La pregunta no es si gobierno y empresa deben convivir. La pregunta es si están dispuestos a evolucionar juntos o a competir hasta debilitar el ecosistema que ambos necesitan para prosperar.