- La iniciativa de Ley General impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca homologar sanciones, fortalecer la investigación con perspectiva de género y garantizar reparación integral del daño a víctimas indirectas y castigar con hasta con 70 años.
El feminicidio será castigado con penas de entre 40 y 70 años de prisión en Puebla y en todo el país como parte de la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, presentada por el Gobierno federal con el objetivo de homologar criterios jurídicos, fortalecer la actuación ministerial y reforzar mecanismos de protección para mujeres en situación de violencia.
La propuesta legislativa plantea que todas las muertes violentas de mujeres en México deberán investigarse inicialmente como feminicidio, hasta que las autoridades descarten la existencia de razones de género, con lo que se busca reducir la reclasificación indebida de casos como homicidio doloso.
Entre los ejes centrales del proyecto destaca la homologación nacional del tipo penal, lo que obligará a fiscalías estatales —incluida la de Puebla— a aplicar protocolos uniformes de investigación con perspectiva de género, evitando vacíos legales entre entidades federativas que actualmente impactan en la procuración de justicia.
La iniciativa también contempla sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, que podrían ir de la mitad hasta dos terceras partes de la pena prevista para el delito consumado, además de la incorporación de al menos 21 agravantes cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o integrante de pueblos originarios o comunidades afrodescendientes.
Otro elemento relevante es la propuesta de declarar el feminicidio como delito imprescriptible, lo que permitirá que las investigaciones puedan iniciarse o retomarse sin límite temporal, una medida orientada a combatir la impunidad estructural en casos históricos de violencia feminicida.
En materia de protección a víctimas indirectas, el proyecto establece la pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad para los agresores, así como la obligación del Estado de garantizar reparación integral del daño, que incluye atención médica, psicológica y acompañamiento jurídico especializado para familiares, especialmente hijas e hijos en condición de orfandad.
Como parte del enfoque preventivo, la ley prevé la creación de registros nacionales sobre niñas, niños y adolescentes afectados por feminicidio, así como mecanismos institucionales para garantizar acceso a educación, salud y programas de protección social.
La iniciativa también incorpora criterios técnicos para acreditar razones de género en la investigación ministerial, entre ellos antecedentes de violencia, lesiones degradantes, incomunicación de la víctima, exposición del cuerpo en espacio público o existencia de relaciones de poder entre víctima y agresor, lo que permitirá fortalecer la integración de carpetas de investigación.
Con esta reforma, el Gobierno federal busca establecer un marco jurídico uniforme que permita mejorar la coordinación entre fiscalías, fortalecer la prevención de la violencia feminicida y garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres en todo el país, incluyendo entidades con alerta de violencia de género como Puebla.
