Proponen que SSP supervise anexos en Puebla para evitar refugio de criminales

• El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, urgió a la Dirección Jurídica a agilizar el análisis y dictaminación de la iniciativa

El Congreso del Estado de Puebla se encuentra en el centro de un debate legislativo que busca redefinir la supervisión de los centros de rehabilitación social, conocidos popularmente como “anexos”. Ante el riesgo latente de que estos espacios de salud sean utilizados de forma ilegal como escondites o bases de operación por integrantes de la delincuencia organizada, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, urgió a la Dirección Jurídica del Legislativo a agilizar el análisis y dictaminación de la iniciativa de reforma que presentó desde noviembre pasado.

La propuesta legislativa busca modificar las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que sus agentes puedan ingresar y realizar inspecciones de seguridad periódicas en estos recintos. Actualmente, la legislación local ata de manos a las corporaciones policiacas en el ámbito preventivo dentro de estas propiedades privadas, lo que ha generado un vacío legal aprovechado por células criminales para evadir la justicia bajo el amparo del anonimato que ofrecen los tratamientos contra las adicciones.

Villegas Mendoza reveló que esta reforma no es una ocurrencia aislada, sino una solicitud formal y estratégica planteada por el titular de la SSP, el vicealmirante Francisco Sánchez González. De acuerdo con el legislador, las áreas de inteligencia del gobierno estatal tienen perfectamente detectados y mapeados diversos centros de rehabilitación que operan en la opacidad en distintas regiones de la entidad poblana, los cuales sirven como fachada para albergar a infractores o como focos de violencia interna.

Estos centros de rehabilitación no pueden ser espacios de violencia o de crimen. Esta reforma que se presentó protege la vida, la dignidad y la seguridad de las personas, y pone en orden donde hay algunos centros que ya se tienen bien identificados para que no haya impunidad”, argumentó firmemente el diputado de la bancada guinda.

El legislador explicó que, bajo el marco normativo actual, la única autoridad legalmente facultada para realizar visitas de inspección a estos establecimientos es la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud del Estado. No obstante, las revisiones de la DPRIS se limitan exclusivamente a verificar cuestiones administrativas, de higiene, infraestructura sanitaria y el estado de los medicamentos, dejando fuera por completo el escrutinio de perfiles de los internos o la portación de objetos ilícitos.

Pese a la urgencia manifestada por el bloque que respalda la intervención policial, la reforma no tendrá una aprobación inmediata en el Pleno. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, frenó las expectativas de un fast-track al aclarar que la iniciativa deberá pasar primero por un minucioso proceso de socialización a través de foros ciudadanos y mesas de trabajo con especialistas en adicciones y derechos humanos.

Si bien Gaspar Ramírez coincidió en que es urgente endurecer las reglas de operación y dotar de dientes a la SSP para combatir la impunidad, enfatizó la importancia de no criminalizar a todas las instituciones que se dedican a la rehabilitación en Puebla. Para el líder del Congreso, un abordaje legislativo incorrecto o apresurado podría vulnerar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o entorpecer los tratamientos de salud pública.

Además, hizo un llamado a reconocer el invaluable valor social y de salud que aportan la gran mayoría de estos espacios en las comunidades poblanas. Destacó que, ante la falta de clínicas públicas especializadas suficientes, los anexos civiles representan, en la gran mayoría de los casos, la única alternativa real y económica que tienen las familias para salvar la vida de jóvenes y adultos atrapados en el alcoholismo y la drogadicción, por lo que la ley buscará rescatar y ordenar estos sitios, no destruirlos.