Buscan reactivar “Ley Bala” en Puebla para casos de linchamiento, según la CDH
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en colaboración con el Congreso local, está trabajando en la reactivación de la llamada “Ley Bala” en la entidad, esta medida tiene como objetivo mejorar el protocolo de actuación en casos de linchamiento, permitiendo el uso de gas lacrimógeno y bombas de gas por parte de las fuerzas públicas.
La “Ley Bala” fue derogada en septiembre de 2018 durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo, la propuesta para reformarla ha surgido después de un linchamiento ocurrido en Huauchinango en junio de 2022, que resultó en la muerte de un exasesor parlamentario del PAN, Daniel Picazo.
La nueva ley consistiría en un protocolo reactivo ejecutado por un grupo especializado de Seguridad Pública y élite, autorizado para emplear tácticas de dispersión o disuasión, incluyendo el uso de gas lacrimógeno, agua a presión o bombas de gas.
El presidente de la CDH Puebla, José Félix Cerezo Vélez, explicó que están trabajando cuidadosamente para asegurarse de que la propuesta no viole los derechos humanos de quienes participen en un intento de linchamiento y proteja la integridad de las posibles víctimas, confía en que la propuesta sea apoyada por el Pleno del Congreso.
Asimismo, se anunció que el próximo mes se presentará una nueva recomendación por el linchamiento ocurrido a finales de abril en la junta auxiliar de San Miguel Tianguistenco, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, la CDH Puebla ya ha emitido cinco recomendaciones por linchamientos previos en otras localidades.
El presidente de la CDH Puebla también señaló que el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, se ha negado a cumplir las indicaciones de la CDH Puebla sobre la reparación del daño a la familia de la víctima en el caso de Huauchinango, en caso de que el estado persista en su omisión, los afectados pueden presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que podría dar lugar a una recomendación dirigida a su superior jerárquico, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
