Congreso aprueba inicio de procedimientos administrativos contra ex alcaldes por la ASE
El Congreso del estado autorizó a la Auditoría Superior del Estado para iniciar y substanciar procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades en contra de cinco ex presidentes municipales del estado de Puebla.
Los ex funcionarios que serán sancionados fueron alcaldes de 2014 a 2018 y a los cinco se les encontraron irregularidades en el ejercicio 2016: Salvador Aguilar García, ex alcalde de Cohetzala; Lázaro Luna Corona, ex presidente municipal de Huehuetlán El Grande; José Eufracio Raúl Montes Hernández, de Lafragua; Amelio Flores Sánchez, de Cuautinchán; y José Luis Rechy Tirado, de Cuyoaco.
Salvador Aguilar García, ex alcalde de Cohetzala, no pudo solventar presuntas irregularidades por 141 mil 234.52 pesos, de los cuales 17 mil 259.00 corresponden al ingreso por predial, 19 mil 320 a gastos alimenticios; 56 mil 655.49 a gastos generales y al menos 48 mil a gastos de orden social y cultural.
En el caso de Lázaro Luna Corona, ex presidente municipal de Huehuetlán El Grande, los procedimientos administrativos serán por supuestas irregularidades por un importe de 29 mil 699.03 pesos de los cuales 2 mil 348.50 corresponden a ingresos por predial que no se sabe dónde quedaron; 2 mil 060 por pagos por derechos de agua; y 21 mil 872.71 por la compra de aditivos, lubricantes y combustibles, entre otras.
En el caso de José Eufracio Raúl Montes Hernández, ex presidente municipal de Lafragua, las supuestas irregularidades alcanzan los 466 mil 642.30 pesos: del total 83 mil 942 corresponden a ingresos por predial; 52 mil 200 a gastos de ceremonial; 85 mil por transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras.
A Amelio Flores Sánchez, de Cuautinchán, las irregularidades encontradas son por 226 mil 226 pesos: no pudo comprobar gasto en el adoquinamiento de rampa de acceso de la telesecundaria “Antonio Van Dyck” ni la adquisición de uniformes y equipamiento para elementos de seguridad pública municipal que intentó justificar con documentos que corresponden a obra pública.
Con José Luis Rechy Tirado, de Cuyoaco, son por 2 millones 888 mil 630 pesos. En este último caso durante su administración Rechy Tirado no comprobó los ingresos por predial, derechos de agua, ni comprobó la compra de combustibles, lubricantes y aditivos, aunque el monto mayor que no pudo comprobar fue por un millón 269 mil 009 pesos que dio en ayudas sociales.
