FGR investigará a juez que liberó a Ramón Sosamontes
La Fiscalía General de la República, iniciará una investigación contra autoridades del Poder Judicial de la Federación, luego de que el juez de Distrito, Gustavo Aquiles Villaseñor, en Funciones de Juez de Control, determinó no vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Ramón Sosamontes Herreramoro fue imputado por la Fiscalía General de la República, por su supuesta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por un monto de 203 millones de pesos.
Durante la audiencia que se llevó a cabo, el juez determinó que la Fiscalía General de la República no pudo comprobar el delito incluido en la carpeta de investigación, ya que el convenio de 203 millones de pesos, entre Sedesol, Radio y Televisión de Hidalgo no fue ilegal.
Al darse a conocer la no vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República asegura que el juez no escuchó a los fiscales e interpretó ley a su entendimiento, por lo que dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, apelará la determinación e iniciará una carpeta de investigación.
“Ante tal respuesta, y ante el acuerdo de referencia, que ofende el Derecho y la recta impartición de justicia, esta Institución dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan, también apelará el auto de referencia e iniciará una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”.
Según la Fiscalía General de la República, Radio y Televisión de Hidalgo, no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.
Durante la audiencia, según la FGR, los fiscales expresaron al juez su indebida interpretación de la Ley al momento de resolver el caso.
