Regidor Leobardo Rodríguez insta a la ASE a examinar la gestión de recursos del Ayuntamiento

El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó los estados financieros de diciembre de 2023 por mayoría de votos, no obstante, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, instó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) a examinar la gestión de los recursos públicos por parte de la administración.

En la Sesión Ordinaria de Cabildo, el punto de acuerdo fue respaldado con 14 votos a favor, seis en contra y una abstención, durante su intervención, la regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Ana María Jiménez, informó que cerraron el año pasado con un saldo en bancos de 862 millones de pesos, los cuales ya están comprometidos.

Este saldo se destinará a atender pasivos de 242 millones, compromisos de obra por 388 millones de pesos iniciados el año pasado, y contratos multianuales de servicios como teléfono e internet por 166 millones, además, se asignarán 17 millones para obras en litigio heredadas por la administración anterior y 40 millones como reserva requerida por la Ley de Disciplina Financiera.

La regidora panista señaló que, al restar estos compromisos del saldo en bancos, solo quedarían disponibles 200 millones de pesos, en este contexto, el regidor de Morena, Rodríguez Juárez, acusó que se devengaron casi mil 700 millones de pesos y se realizaron compras de pánico por más de 500 millones de pesos en el último mes del año pasado.

También cuestionó el arrendamiento de un helicóptero por 4 millones 800 mil pesos para labores de vigilancia, realizado desde la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati), cuando la competencia corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Rodríguez Juárez expuso un subejercicio de 385 millones de pesos en obra pública con 68 obras programadas para 2023 sin concluir, haciendo un llamado respetuoso a la Auditoría Superior del Estado, el regidor morenista solicitó que revise si los contratos y entregables de los pagos realizados en el último minuto cumplen con todos los requisitos legales, refiriéndose a los 570 millones contratados en esa situación.

Manifestó la necesidad de la intervención de la entidad fiscalizadora para evitar que el ayuntamiento realice pagos sin los entregables correspondientes y sin el cumplimiento de cada uno de los contratos que respaldan los pagos.

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