
La noche del 24 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, liderado por Benjamine Huffman, anunció una polémica medida que otorga a agencias como el FBI, la DEA, la ATF, la Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles la autoridad para investigar y arrestar a migrantes considerados “sospechosos”.
La orden tiene como propósito incrementar las detenciones de migrantes, priorizando a aquellos calificados como “peligrosos” o en situación irregular en el país. Según el secretario de Justicia interino, Emil Bove, las agencias deben actuar de manera inmediata tras identificar a las personas señaladas en los registros.
El memorándum emitido también incluye fuertes advertencias para los oficiales que se nieguen a ejecutar las detenciones masivas. Aquellos que incumplan la orden podrían enfrentarse a cargos por desobediencia y ser procesados, este polémico anuncio ha generado inquietud entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, quienes advierten sobre posibles abusos y discriminación hacia las comunidades migrantes en Estados Unidos.