Redacción Paralelo 19Sanciona gobierno estatal a 27 servidores públicos por faltas administrativas
El gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, informó la imposición de sanciones administrativas contra los primeros 27 servidores públicos investigados por presuntos actos de corrupción, como parte de la política de cero tolerancia a las irregularidades en el servicio público.
De acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, actualmente se encuentran en curso 312 expedientes de investigación por posibles faltas administrativas cometidas por funcionarios estatales. De ese total, las primeras 27 sanciones corresponden a faltas administrativas no graves, mismas que fueron resueltas conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Las autoridades estatales precisaron que los casos clasificados como faltas graves no forman parte de este primer bloque de sanciones, ya que han sido turnados a las instancias jurisdiccionales competentes para su análisis y eventual resolución, en apego al marco legal vigente.
El gobernador Alejandro Armenta reiteró que en su administración no habrá excepciones ni privilegios, y que cualquier servidor público que incurra en irregularidades será investigado y sancionado conforme a derecho. Señaló que el combate a la corrupción es un eje central de su gobierno, tanto en el ámbito preventivo como en el correctivo.
Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal ha fortalecido los mecanismos de denuncia ciudadana, entre ellos buzones digitales instalados en dependencias públicas, plataformas electrónicas y líneas telefónicas, con el objetivo de facilitar la participación social en la vigilancia del ejercicio público.
Las investigaciones restantes continúan en distintas etapas de revisión y seguimiento. En los casos donde se detecten posibles conductas constitutivas de delito, se dará vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que determine lo conducente.
Con estas acciones, el gobierno de Puebla busca reforzar la rendición de cuentas y enviar un mensaje de legalidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
