Redacción Paralelo 19Xel Arianna impulsa Ley en Puebla para no criminalizar defensa de mujeres
- La iniciativa busca que la legítima defensa de mujeres víctimas de violencia sea juzgada con perspectiva de género.
PUEBLA, Pue.— Con el objetivo de garantizar justicia a mujeres que enfrentan contextos de violencia de género, la diputada local Xel Arianna Hernández García presentó en el Congreso del Estado una iniciativa conocida como “Ley Alina”, que propone reformar el Código Penal de Puebla para evitar que mujeres que se defienden de sus agresores sean criminalizadas.
La propuesta plantea que la legítima defensa sea evaluada con perspectiva de género, reconociendo que muchas mujeres reaccionan en situaciones de riesgo inminente tras haber vivido violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. En ese sentido, la iniciativa busca que no se considere como “exceso” el uso de la fuerza cuando la defensa ocurre en un contexto comprobado de violencia de género o familiar.
Xel Arianna Hernández sostuvo que el sistema de justicia tradicional no siempre toma en cuenta las condiciones estructurales de desigualdad, miedo y sometimiento que enfrentan las mujeres, lo que ha derivado en procesos penales injustos contra víctimas que actuaron para proteger su vida o integridad.
La denominada Ley Alina toma como antecedente el caso de Alina Mariel Narciso, cuyo proceso judicial evidenció la falta de perspectiva de género en la valoración de la legítima defensa. Reformas similares ya han sido aprobadas en otras entidades del país, como Baja California y Tamaulipas, y ahora se busca que Puebla se sume a este enfoque jurídico.
La iniciativa también establece la obligación de ministerios públicos y jueces de analizar estos casos bajo criterios de género, considerando antecedentes de violencia, condiciones de vulnerabilidad y el estado emocional de la víctima al momento de los hechos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis legislativo, en un contexto donde colectivos y defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de un marco legal que priorice la protección de las mujeres y el acceso efectivo a la justicia.
