Redacción Paralelo 19Congreso poblano analiza Ley Ingrid para evitar filtraciones de víctimas
- Diputadas buscan castigar a servidores públicos que difundan fotografías, videos o información sensible de víctimas, con el objetivo de proteger la dignidad de las personas fallecidas y evitar la revictimización de sus familias.
Pue, Pue.-– Diputadas del Congreso del Estado de Puebla presentaron una iniciativa para aplicar en la entidad la llamada Ley Ingrid, con el objetivo de sancionar a servidores públicos que difundan material sensible de cadáveres o información relacionada con las circunstancias de una muerte.
La propuesta busca fortalecer el marco legal estatal en materia de protección de víctimas y confidencialidad en investigaciones, al establecer sanciones para funcionarios que filtren fotografías, videos, audios o documentos derivados de carpetas de investigación.
De acuerdo con la iniciativa, la difusión de este tipo de material —principalmente en casos de homicidio, feminicidio o muertes violentas— representa una violación a la dignidad de las víctimas y genera revictimización para sus familias, además de afectar el debido proceso de las investigaciones.
Las legisladoras plantean realizar modificaciones a la legislación local para prohibir expresamente que servidores públicos compartan información reservada obtenida durante el ejercicio de sus funciones, particularmente aquella relacionada con escenas del crimen o con los restos de las víctimas.
La iniciativa también contempla sanciones penales y administrativas para quienes filtren este tipo de contenido, las cuales podrían incluir penas de prisión y multas económicas, además de responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados.
La llamada Ley Ingrid surge a nivel nacional tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020, caso que generó indignación pública luego de que imágenes del cuerpo de la víctima fueran filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.
A partir de ese hecho, diversas entidades del país han impulsado reformas para proteger la dignidad de las víctimas y garantizar la confidencialidad en las investigaciones, evitando la circulación de material gráfico de escenas del crimen.
En el caso de Puebla, la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales, además de reforzar los mecanismos de protección para víctimas y familiares, especialmente en delitos de alto impacto.
Con esta propuesta, el Congreso local pretende avanzar en una política pública enfocada en seguridad, respeto a los derechos humanos y protección de la memoria de las víctimas, evitando que la información sensible sea utilizada o difundida fuera del ámbito legal.
