Alcalde de la ciudad niega denuncia previa del “picadero” en Canoa
A pesar de que se había indicado que el inmueble conocido como “picadero” en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde se produjo el asesinato de 7 presuntos vendedores y consumidores de drogas, el alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez, negó que hubiera habido una denuncia previa, ya sea por parte del edil auxiliar o de algún ciudadano.
A pesar de que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como la Secretaría de Gobernación (Segob) habían señalado el uso del inmueble para el tráfico de drogas y la alta incidencia delictiva en San Miguel Canoa, Rivera Pérez afirmó que las autoridades municipales no habían recibido ninguna denuncia formal al respecto.
Fue la secretaria de Seguridad en el municipio, María del Consuelo Cruz Galindo, quien indicó que el lugar estaba en funcionamiento desde hacía 7 años, y el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, afirmó que el edil auxiliar Paciano Ruperto Pérez Lima ya había solicitado la intervención del estado debido a la incidencia delictiva en la zona.
Rivera Pérez instó a la ciudadanía a informar al Ayuntamiento de Puebla sobre la presencia de “picaderos” en la ciudad, así como otros delitos como robo, venta ilegal de gas, la presencia de bandas delincuenciales e incluso bares y antros que operen fuera de horario.
El edil panista afirmó que la seguridad es responsabilidad de todas las instituciones que conforman el Estado mexicano y que existe una colaboración entre los tres niveles de gobierno para llevar a cabo operativos contra la incidencia delictiva, en los que participan el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Es importante recordar que la titular de la SSC del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, reveló al día siguiente del ataque armado en San Miguel Canoa que el “picadero” ya estaba en funcionamiento desde hace 7 años, es decir, desde 2016. Sin embargo, horas después de su declaración, la misma funcionaria municipal aclaró que el informe sobre el inmueble se basaba en testimonios de los pobladores el día del ataque y no porque el Ayuntamiento hubiera sido notificado, a pesar de que en su declaración inicial había revelado que el 17 de julio de 2023 se había llevado a cabo un operativo en esa misma localidad.
