Lujo, retrasos y sospechas: alcaldesa de Guadalupe Victoria bajo presión

La polémica en torno a la alcaldesa de Guadalupe Victoria, María Fernanda Romero Solís, continúa creciendo luego de que habitantes del municipio denunciaran presuntos desvíos de recursos destinados a la construcción del mercado municipal. La funcionaria ya había sido señalada por su gusto por prendas de lujo, particularmente de la marca Carolina Herrera; sin embargo, las acusaciones ahora apuntan a un posible uso de recursos públicos para sostener ese estilo de vida.

Pobladores aseguran que el dinero asignado a la obra —una inversión aprobada de 60 millones de pesos, según un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE)— no se refleja en avances tangibles. Aunque el proyecto inició el 13 de marzo de 2023 y debía entregarse el 6 de enero de 2024, ciudadanos afirman que la construcción “no va ni a la mitad”. La falta de progreso, sumada al visible nivel de vida de la alcaldesa y de su esposo, el exalcalde Aurelio Flores Solano, ha encendido inconformidad y sospechas entre la población.

Para muchos habitantes, la situación resulta insultante en un municipio donde persisten carencias básicas: caminos en mal estado, infraestructura rezagada y comunidades que continúan sin servicios esenciales. En este contexto, la imagen de una presidenta municipal luciendo vestimenta de alto costo se percibe como un contraste doloroso frente a las necesidades locales.

Aunque hasta el momento no se ha presentado una investigación formal por parte de las autoridades fiscales o anticorrupción, los señalamientos ciudadanos han puesto bajo presión a la administración. La exigencia principal es clara: transparencia inmediata en el manejo del presupuesto y un informe detallado del avance real de la obra.

El caso abre un debate profundo sobre la ética pública: ¿puede un gobierno exigir confianza cuando su imagen se asocia más con el lujo que con el servicio? Los pobladores esperan respuestas, no apariencias.