Denuncia exhibe trato denigrante de policías de Jalpan hacia persona con discapacidad

La difusión de un video en redes sociales que muestra a policías municipales de Jalpan incurriendo en un trato denigrante contra una persona con discapacidad ha provocado indignación y fuertes cuestionamientos sobre el actuar de los cuerpos de seguridad en el municipio. Las imágenes, que circularon ampliamente el 29 de diciembre, evidencian una conducta que ha sido señalada como humillante, abusiva y contraria a los principios básicos de derechos humanos.

De acuerdo con la denuncia pública, los elementos policiacos habrían aprovechado la condición de vulnerabilidad de la persona, sometiéndola a burlas y a un comportamiento que dista por completo de la función de protección y respeto que debe caracterizar a cualquier corporación de seguridad. Lejos de auxiliar o salvaguardar la integridad del ciudadano, los agentes aparecen ejerciendo una relación de poder desigual, normalizando prácticas que refuerzan la discriminación.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de capacitación en derechos humanos dentro de las policías municipales, especialmente en el trato hacia personas con discapacidad. Diversos sectores han señalado que este tipo de conductas no pueden considerarse hechos aislados, sino reflejos de una cultura institucional permisiva, donde la burla y el abuso encuentran espacio ante la ausencia de sanciones claras.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la apertura de una investigación administrativa ni sobre posibles sanciones a los elementos involucrados, lo que ha generado críticas adicionales por la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales. El silencio institucional, advierten ciudadanos y activistas, contribuye a la percepción de impunidad y debilita la confianza en las corporaciones de seguridad.

Este hecho subraya la urgencia de revisar protocolos, reforzar la formación policial y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas. El respeto a la dignidad humana no es opcional ni negociable, y mucho menos cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. La seguridad pública pierde legitimidad cuando se ejerce desde el abuso y no desde el servicio a la comunidad.