Derroche y omisiones marcan gestión de estos alcaldes

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Carlos Barragán Amador, alcalde de Xicotepec de Juárez ha sido señalado por mal manejo de recursos, explotación animal y por no priorizar los servicios básicos para la gente.

Vive su tercer periodo como presidente municipal de Xicotepec de Juárez, tras haber gobernado de 2005 a 2008, luego de 2011 a 2014 y actualmente de 2024 a 2027. Tres administraciones que han estado marcadas por señalamientos de mala gestión y controversias públicas que han deteriorado su imagen política en la región.

Desde sus primeros mandatos arrastró críticas por su comportamiento en eventos populares, donde habitantes lo señalaban por acudir a ferias del pueblo y excederse en el consumo de alcohol, una conducta que impactó la percepción de autoridad y formalidad en el ejercicio del cargo. Con el paso del tiempo, las polémicas dejaron de centrarse solo en lo personal y comenzaron a enfocarse en decisiones administrativas y uso de recursos públicos.

En su gestión más reciente fue exhibido públicamente por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien cuestionó el costo de una pavimentación de apenas 450 metros que superó el millón de pesos y ordenó una revisión por posibles irregularidades. Aunque el edil rechazó los señalamientos, el episodio reforzó las críticas sobre transparencia y manejo eficiente del presupuesto municipal.

Uno de los capítulos más delicados gira en torno al zoológico privado “Animalia”, impulsado por el propio alcalde como proyecto turístico, pero que fue flanco de comentarios por presuntas irregularidades en el Parque Animalia que fomentaban la explotación y el maltrato de animales exóticos. Las denuncias cobraron mayor fuerza tras las inundaciones que dañaron el inmueble y provocaron la fuga y posterior muerte de un tigre, lo que detonó cuestionamientos sobre las condiciones de operación, la supervisión ambiental y el conflicto de interés entre su faceta empresarial y su responsabilidad como autoridad municipal.

 

 

Severiano de la Rosa, alcalde de Amozoc. Señalado por opacidad, nepotismo y falta de atención al municipio

El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, enfrenta uno de los momentos más cuestionados de su gestión, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción, usurpación de funciones, nepotismo y omisión ante la crisis de desapariciones en el municipio. A pesar de este escenario, el edil celebró su cumpleaños este sábado 21 de febrero, en el Salón Social “La Palapa”, con capacidad para 350 personas.

La convocatoria fue difundida por la familia De la Rosa Barrales que, más allá de un festejo personal, se interpretó como un acto de proyección política rumbo a una eventual reelección en 2027, aun cuando Morena ha anunciado públicamente que no permitirá reelección ni prácticas de nepotismo en los próximos comicios.

El foco más inmediato está en la revisión anunciada por la Secretaría de Gobernación de Puebla, cuyo titular, Samuel Aguilar Pala, confirmó que se investigarán a fondo las denuncias contra el alcalde por presuntamente extralimitar sus funciones y ordenar, a través del área de Industria y Comercio encabezada por Maribel de Lima Morales, la clausura de anuncios espectaculares y el cobro de permisos en vialidades estatales. En este sentido, empresarios del sector han denunciado un clima de presión e intimidación derivado de estas acciones, señalando que las clausuras y requerimientos de pago se realizaron fuera del ámbito municipal, lo que generó incertidumbre jurídica y afectaciones económicas.

A la par de estas acusaciones, la administración de De la Rosa Romero enfrenta señalamientos de nepotismo. Informes internos revelan que más de 30 personas con vínculos familiares directos con el edil forman parte de la nómina municipal, con percepciones que en conjunto superan los 332 mil pesos mensuales.

El contexto se agrava ante la crisis de desapariciones que afecta al municipio durante 2025. Amozoc ha sido señalado como uno de los focos rojos en Puebla en esta materia; sin embargo, no se han documentado posicionamientos firmes, acompañamiento público a familias ni acciones visibles de coordinación municipal en tareas de prevención, difusión o respaldo comunitario.

 

 


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