Fiscalía General de la República solicita sentencia de 82 años de cárcel para Jesús Murillo Karam
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una condena de más de 80 años de prisión para Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por su presunta participación en los delitos de tortura, desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y obstrucción a la justicia en el caso de Iguala.
A pesar de que Murillo Karam ha estado hospitalizado en los últimos meses, la FGR ha pedido que se le imponga una condena de 82 años de prisión, la cual sería la más alta en relación a los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La FGR, a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, ha desglosado que la pena propuesta incluye 60 años por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 años por delitos contra la administración de justicia.
Adicionalmente, la unidad ha solicitado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte imponer al exfuncionario una multa de 20 mil días, equivalente a 1 millón 792 mil 400 pesos.
La carpeta de investigación presentada por la FGR contiene 177 datos de prueba, que incluyen 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentos.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 en su domicilio en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, cuando ocupaba el cargo de titular de la extinta PGR.
Inicialmente, se le impuso una pena máxima de 40 años de prisión por las acusaciones mencionadas, pero esta se aumentó a 60 años de cárcel de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP), vigente desde el 18 de noviembre de 2017, la cual establece una pena máxima de seis décadas.
Murillo Karam es acusado de ser el autor intelectual de la llamada “verdad histórica”, que supuestamente alteró, manipuló evidencias y distorsionó las líneas de investigación para encubrir el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
