El INE ordena a la Presidencia eliminar publicación en redes sociales de la entrega del Bastón de Mando
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión unánime con respecto a cinco solicitudes de medidas cautelares, estas solicitudes se relacionan principalmente con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, y la vulneración del interés superior de la niñez.
Las denuncias fueron presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un ciudadano contra Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y gobernadores de diversas entidades federativas, estas denuncias se refieren al evento de entrega del “Bastón de mando” y su posterior publicación en la red social Twitter, ahora X, por parte de los titulares del poder ejecutivo de varios estados, incluyendo Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La Comisión determinó que, aparentemente, la difusión del evento en plataformas y redes sociales oficiales es un asunto que va más allá de las funciones institucionales del Ejecutivo Federal, ya que se trató de un evento partidista, desde una perspectiva preliminar, esto podría tener influencia en el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y, presumiblemente, violar los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos, por lo tanto, se ordenó la eliminación de estas publicaciones.
Además, se recordó a los servidores públicos denunciados la importancia de ajustar su comportamiento a los principios de imparcialidad y neutralidad en el ámbito y naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen, con el fin de no perjudicar la equidad en la contienda electoral.
Por último, la Comisión concluyó que no es apropiado ordenar al Presidente de México que emita una disculpa pública, ya que considera que esta solicitud va más allá del alcance de las medidas cautelares y debe ser abordada en la resolución final del asunto.
