Tribunal absuelve a excomandante acusado de tortura contra Lydia Cacho

• El exfuncionario fue exonerado por falta de pruebas suficientes, tras más de cuatro años de proceso judicial.

QUINTANA ROO.— El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, otorgó un amparo liso y llano a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Policía Judicial de Puebla, y ordenó su absolución inmediata en el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.

La resolución, emitida el lunes 7 de julio de 2025, determinó que no existían pruebas suficientes y contundentes que acreditaran la participación del exfuncionario en los actos de tortura, ni como autor directo ni como instigador a través de terceros. En consecuencia, el tribunal ordenó emitir una nueva sentencia absolutoria y su liberación inmediata.

El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla en condiciones que, según diversas investigaciones y denuncias, implicaron malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. El hecho ocurrió tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que expuso una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con empresarios y funcionarios públicos.

En 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) retomó el caso e imputó cargos por tortura a siete personas, entre ellas Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, y el empresario Kamel Nacif Borge, ambos señalados como autores intelectuales.

Mario Marín llegó a su casa en Xilotzingo durante la madrugada

Sánchez Moreno fue detenido en 2019 y sentenciado en 2020 a cinco años de prisión. Posteriormente, su condena fue aumentada a siete años y medio e incluía una multa y una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, tras presentar diversos recursos legales, su defensa logró la revocación total del fallo.

Esta resolución representa un revés judicial en un caso emblemático que ha sido considerado un referente de la violencia institucional contra periodistas en México. Organismos de derechos humanos han señalado que el fallo podría profundizar la percepción de impunidad en torno a crímenes cometidos contra la prensa.

Hasta el momento, los procesos judiciales contra los otros implicados en el caso continúan en curso.