Paro nacional del Poder Judicial evidencia descontento y carencias estructurales en el sistema

• Participaron 32 órganos administrativos, los servicios de guardia se reservarán para casos urgentes.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un paro nacional este viernes ante el incumplimiento del aumento salarial anual y el pago de retroactivos comprometidos. La suspensión de labores, que afectó juzgados y tribunales en todo el país, expuso las deficiencias estructurales y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas del personal que sostiene el funcionamiento de la justicia en México.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial señaló que la medida se tomó tras meses de gestiones infructuosas con el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Además del incremento salarial, los trabajadores reclaman la entrega de insumos básicos, como papelería, impresoras, agua potable y servicio de comedor, así como la cobertura de plazas vacantes y la revisión de despidos recientes, que afectan directamente la operatividad de los juzgados.

La paralización provocó retrasos en audiencias y suspensión de resoluciones, afectando no solo a los litigantes, sino también a la ciudadanía que espera la impartición de justicia. Aunque se habilitaron servicios mínimos, el impacto evidencia que un sistema que exige cumplimiento estricto de plazos no está preparado para garantizar justicia cuando sus propios operadores carecen de condiciones mínimas de trabajo.

El paro también pone en relieve una contradicción crítica: mientras el Poder Judicial exige eficiencia y cumplimiento de la ley, sus trabajadores enfrentan precariedad laboral y falta de infraestructura adecuada. Expertos en administración pública advierten que esta situación compromete la confianza ciudadana en las instituciones y cuestiona la capacidad del sistema para cumplir con sus responsabilidades.

El sindicato advirtió que la medida se mantendrá hasta que las autoridades atiendan sus demandas, y deja en evidencia que los problemas no se limitan a salarios, sino a una falta de planeación y atención estructural. Si no se aborda de manera integral, la crisis podría prolongarse, afectando gravemente la operación de los tribunales y la confianza en la justicia.