Redacción Paralelo 19Megadespojos en Nayarit: la justicia alcanza tarde a los poderosos
- Se anunció durante conferencia del Mega Operativo Nayarit, creado para recuperar bienes despojados en el estado entre 2005 y 2017.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión contra los exgobernadores de Nayarit, Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta participación en un amplio esquema de despojo de tierras y operaciones fraudulentas en la Riviera Nayarita. El caso, conocido como “megadespojos”, involucra la venta y apropiación ilegal de más de 9 millones de metros cuadrados de terrenos con valor superior a los 50 mil millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, las investigaciones revelan que ambos exmandatarios habrían encabezado una red integrada por funcionarios, empresarios y notarios, quienes alteraron documentos registrales y crearon empresas fachada para transferir predios públicos a particulares. La maniobra, que se extendió por más de una década, afectó zonas estratégicas de Bahía de Banderas y Compostela, donde hoy existen desarrollos turísticos y residenciales de alto valor.
Aunque las autoridades federales lograron asegurar propiedades, cuentas bancarias y otros activos vinculados al presunto fraude, la acción llega con años de retraso. Roberto Sandoval ya enfrenta prisión por otros delitos, mientras que Ney González continúa prófugo. El caso, más que un avance judicial, exhibe la lenta reacción institucional ante los abusos cometidos desde el poder y la protección política que durante años blindó a quienes gobernaron Nayarit.
El actual gobierno estatal anunció que los terrenos recuperados serán destinados a un fondo público para el desarrollo social y no volverán a venderse, con el objetivo de resarcir el daño al patrimonio estatal. Sin embargo, la gran incógnita persiste: ¿habrá sanción ejemplar o solo otro expediente que se disuelva entre tecnicismos legales?
Más allá del monto del fraude, el caso Nayarit reabre el debate sobre la corrupción estructural y la necesidad urgente de que la justicia mexicana actúe con oportunidad, transparencia y sin privilegios.
