Once policías y mandos detenidos revelan colapso del control policial en Chiapas

El procesamiento de 11 policías municipales en Chiapas por presuntos nexos con actividades criminales confirma que la infiltración del delito en las corporaciones de seguridad no es una sospecha, sino una realidad documentada. La Fiscalía General del Estado informó que los elementos involucrados pertenecen a los municipios de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, zonas estratégicas donde la presencia del crimen organizado ha ido en aumento.

Entre los agentes asegurados se encuentran mandos clave, incluido el director de la corporación, Carlos Alberto “N”, y el comandante Javier “N”, lo que agrava el caso y evidencia que la posible colusión no se limitaba a elementos operativos, sino que habría alcanzado niveles de toma de decisiones. La detención de altos rangos rompe con el discurso recurrente de que los problemas de corrupción policial son casos aislados o atribuibles únicamente a “malos elementos”.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 200 teléfonos celulares y al menos 11 radios, presuntamente utilizados para actividades de halconeo y ciber halconeo, prácticas que permiten alertar a grupos criminales sobre movimientos policiales y operativos de seguridad. Este hallazgo refuerza la gravedad del caso: no se trata solo de omisiones, sino de una estructura organizada para facilitar actividades delictivas.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que los 11 policías ya fueron presentados ante un órgano jurisdiccional por el uso indebido de condecoraciones e insignias, y adelantó que las investigaciones continuarán por los delitos de halconeo y halconeo digital. No obstante, el proceso abre cuestionamientos inevitables: ¿cuánto tiempo operaron estas redes desde dentro de las corporaciones y cuántos delitos se cometieron bajo su protección?

Este caso exhibe una crisis profunda de control institucional. La depuración policial no puede limitarse a reacciones tardías; exige supervisión permanente, controles reales y rendición de cuentas. Cuando quienes deben proteger a la ciudadanía terminan colaborando con el crimen, la inseguridad deja de ser externa y se convierte en una falla del propio Estado.