SCJN justifica tradición de retratos tras polémica por pintura de ministra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio obligada a aclarar una controversia que surgió tras la difusión de un presunto contrato relacionado con la elaboración de un retrato de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Aunque el máximo tribunal negó que se haya concretado un gasto público, el episodio volvió a exhibir fallas en los procesos administrativos y en la comunicación institucional de uno de los órganos más relevantes del Estado mexicano.

En su explicación, la SCJN señaló que la elaboración de retratos no es un servicio exclusivo ni personalizado para un ministro o ministra en particular. Precisó que en sus instalaciones se exhiben los retratos de todos los integrantes de la Corte desde el siglo XIX, como parte de una práctica institucional destinada al registro histórico y a la preservación de la memoria del Poder Judicial. Bajo este argumento, el tribunal intentó contextualizar la inclusión del proyecto dentro de una tradición histórica y no como un beneficio individual.

No obstante, el caso generó cuestionamientos al conocerse que la pintura fue tramitada mediante un procedimiento de adjudicación directa con clasificación mínima, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN. Aunque la Corte aseguró que el contrato no se formalizó y que la artista contemplada declinó el encargo, la existencia del documento en plataformas oficiales alimentó la percepción de opacidad y descuido en el manejo de información pública.

Más allá de la aclaración, la polémica dejó al descubierto debilidades en los controles internos del tribunal. La permanencia de registros incorrectos en portales de transparencia no solo genera confusión, sino que impacta directamente en la credibilidad de una institución que tiene como uno de sus ejes centrales la legalidad y la rendición de cuentas.

En un contexto donde el Poder Judicial enfrenta constantes cuestionamientos y una alta exigencia social de austeridad y transparencia, este episodio demuestra que no basta con explicar tradiciones históricas. La SCJN enfrenta el reto de revisar a fondo sus procedimientos administrativos y garantizar que la información pública que difunde sea precisa, oportuna y coherente con el rigor que exige su papel como máximo intérprete de la Constitución.