Vinculan a proceso a 13 militares por matar a dos niñas.

• Casi un año después: Caso Alexa y Leidy llega a tribunales.

Ciudad de México. – A 11 meses de una tragedia que sacudió al país y expuso los riesgos del uso desmedido de la fuerza militar, un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos niñas en Sinaloa y en el intento de homicidio de otros integrantes de su familia.

Las víctimas fueron Alexa y Leidy, de 7 y 11 años de edad, quienes murieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato. Aquella mañana, las menores viajaban con su familia rumbo a la escuela cuando tres camionetas de las Fuerzas Armadas se detuvieron en su camino y, sin previo aviso, abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban.

El ataque dejó una escena devastadora. Además de la muerte de las niñas, dos adolescentes y dos adultos resultaron lesionados. En un primer momento, las versiones oficiales intentaron enmarcar el hecho dentro del contexto de violencia que vive Sinaloa; sin embargo, el testimonio de los sobrevivientes y el seguimiento del caso por parte de organismos de derechos humanos desmontaron esa narrativa.

De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), el juez Josué Noé Egure Yáñez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, resolvió vincular a proceso a los 13 militares por los delitos de homicidio calificado en agravio de Alexa y Leidy, así como homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones al resto de la familia.

Durante el proceso, la Defensa del Oficio Militar —que representó legalmente a los soldados— argumentó que los elementos actuaron bajo un contexto de tensión y nerviosismo derivado de la violencia que persiste en el estado. No obstante, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Para la familia de las víctimas, que sostuvo una batalla legal acompañada por el Centro Prodh, esta resolución representa un paso importante hacia la justicia. Aunque el dolor sigue intacto, el caso se ha convertido en símbolo de la exigencia de rendición de cuentas frente a abusos cometidos por fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.