- Caso involucra a políticos ligados al oficialismo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario ante señalamientos de posibles vínculos con actividades ilícitas, al referirse a las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, su postura también deja ver un margen de cautela que, para algunos sectores, puede interpretarse como una reacción limitada frente a la gravedad de los señalamientos.
La mandataria sostuvo que cualquier acción legal dependerá de la existencia de pruebas sólidas, subrayando que no se actuará por presiones externas ni acusaciones sin sustento. Este posicionamiento surge luego de que la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitara la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya, por presunta cooperación con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum explicó que dicho procedimiento solo podrá avanzar si la Fiscalía General de la República determina que existen elementos suficientes para sustentar las acusaciones. El mismo criterio aplicaría para otras nueve personas incluidas en la investigación, entre ellas Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Morena.
No obstante, la respuesta del gobierno federal ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para actuar con firmeza ante posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado. Aunque el respeto al debido proceso es fundamental, críticos señalan que la reiterada exigencia de pruebas puede convertirse en un argumento para postergar decisiones en casos de alto impacto.
El caso también coloca bajo presión a las instituciones de justicia mexicanas, que deberán demostrar independencia y solidez frente a una acusación de alcance internacional. En un contexto donde la relación con Estados Unidos atraviesa tensiones, la actuación de las autoridades será clave para evitar percepciones de impunidad.
Más allá del discurso oficial, el desafío radica en que las investigaciones no se diluyan. La promesa de “no encubrir a nadie” enfrenta ahora su prueba más significativa en un escenario donde la credibilidad institucional está en juego.
