Hijos de Rocha Moya enfrentan señalamientos por millonarias irregularidades fiscales ante SAT

• El SAT estricto para ciudadanos, flexible con élites.

En México, el discurso anticorrupción suele durar exactamente hasta que las investigaciones rozan a familiares, aliados o círculos cercanos al poder. Entonces aparecen las justificaciones, los silencios estratégicos y la clásica promesa de “que investiguen las autoridades”, mientras las estructuras políticas intentan contener el desgaste mediático. Ahora, los reflectores apuntan hacia los hijos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras revelarse presuntas irregularidades fiscales millonarias ligadas a la empresa Constructora Chocoso S.A. de C.V.

La investigación de EMEEQUIS no habla de simples errores administrativos. El reportaje exhibe un patrón financiero que especialistas identifican como típico en esquemas de evasión fiscal: cancelación masiva de facturas. Mientras el promedio nacional de cancelaciones empresariales apenas ronda el cinco por ciento anual, la empresa vinculada con Rubén y Ricardo Rocha Ruiz alcanzó cifras desproporcionadas. Solo en 2019 canceló más del 33 por ciento de sus operaciones, equivalentes a más de 52 millones de pesos. En total, las facturas desaparecidas entre 2015 y 2021 superaron los 124 millones.

Pero el dato más delicado quizá no sea el monto, sino las compañías con las que operaba. Constructora Chocoso habría mantenido relaciones comerciales con al menos nueve empresas fantasma, incluidas firmas catalogadas por el SAT como EFOS definitivas bajo el esquema 69-B, utilizado para identificar operaciones simuladas. En términos simples: empresas señaladas oficialmente por aparentar transacciones inexistentes.

Aquí es donde el discurso oficial empieza a desmoronarse. Morena llegó al poder prometiendo terminar con las redes de privilegio que protegían empresarios y políticos durante sexenios completos. Sin embargo, cada nuevo caso relacionado con familiares de figuras oficiales termina reproduciendo exactamente el mismo patrón que el movimiento juró combatir: opacidad, cercanía política y aparente inmunidad institucional.

Porque en México el problema nunca ha sido únicamente la corrupción, sino quién puede practicarla sin consecuencias inmediatas. Millones de contribuyentes comunes enfrentan bloqueos, auditorías y sanciones por errores mínimos ante el SAT, mientras empresas relacionadas con élites políticas parecen navegar irregularidades millonarias durante años sin consecuencias visibles.

La pregunta ya no es si existen anomalías fiscales. La verdadera pregunta es si las autoridades tendrán la misma dureza que aplican diariamente contra cualquier ciudadano sin poder político detrás.