Venezuela: entre la reconstrucción, la geopolítica petrolera y el nuevo orden internacional

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Venezuela se encuentra en un momento crítico de su historia republicana — definido por tensiones internas profundas, reconfiguraciones geopolíticas y retos de carácter institucional y normativo. La confluencia de factores políticos, económicos y jurídicos obliga a trazar escenarios que, aunque diversos en sus resultados, comparten una necesidad vital: la reconstrucción del Estado y su reinserción legítima en el concierto internacional.

La crisis venezolana no es un accidente coyuntural, sino la consecuencia de un debilitamiento sistemático de las instituciones del Estado durante décadas. La independencia de los poderes públicos, el funcionamiento del sistema electoral y la separación efectiva de funciones han sido erosionados gradualmente, debilitando los mecanismos de control y equilibrio que sostienen una democracia funcional.

El Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobado en 2019 por la Asamblea Nacional, reflejó un intento de restablecer un orden constitucional legítimo que permita —entre otros objetivos— la convocatoria de elecciones libres y la reorganización de las instituciones clave, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Este instrumento legal aspira a ser la base de un proceso de transición hacia un Estado de derecho consolidado.

No obstante, la reconstrucción institucional requerirá algo más que estatutos o cronogramas de elecciones: demandará una revisión profunda del funcionamiento del sistema de justicia, la administración pública y el fortalecimiento de contrapesos efectivos que impidan la concentración de poder en una sola rama del Estado. En ausencia de estos elementos, cualquier transición podría quedar en una mera sustitución de élites sin cambios estructurales reales.

Podemos esbozar, con base en análisis de expertos y recientes dinámicas internas y externas, tres escenarios principales para Venezuela en los próximos años.

  1. a) Transición ordenada y reconstrucción democrática:
    Un escenario optimista donde una transición política, con respeto al estado de derecho, elecciones transparentes e inclusión de diversos actores políticos, abre paso a una recuperación económica gradual y a la reinserción internacional. Esto puede implicar el alivio de sanciones, acceso a financiamiento internacional y la reconstrucción de infraestructura clave.
  2. b) Vacío institucional y bloqueo administrativo:
    Si el poder se fragmenta y persisten estructuras paralelas, podría surgir un estado de doble autoridad. Esto degrada aún más la capacidad gubernamental para operar servicios públicos o gestionar la economía, prolongando la crisis humanitaria y empobreciendo aún más a la población.
  3. c) Tutela externa prolongada y tutela geopolítica:
    El rol de actores externos, especialmente Estados Unidos y sus políticas hacia Caracas, podría volverse determinante. Un liderazgo extranjero fuerte podría imponer una agenda de estabilización administrativa y económica, pero también plantea dilemas sobre soberanía, legitimidad interna y dependencia prolongada.
  4. Impacto en la OPEP y la industria petrolera

Venezuela ha sido, históricamente, una pieza central dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) debido a sus vastas reservas probadas de crudo pesado. Sin embargo, la capacidad de producción ha colapsado desde niveles superiores a 3,5 millones de barriles diarios en los años 90, hasta cifras que rara vez superan el millón de barriles diarios en los últimos años.

Este debilitamiento productivo tiene implicaciones críticas para la OPEP:

Reducción de influencia: Venezuela ya no puede actuar como contrapeso decisivo en la formulación de cuotas colectivas como en décadas pasadas.

Reconfiguración de alianzas petroleras: La presencia de actores externos interesados en la producción venezolana (incluyendo empresas estadounidenses bajo nuevos acuerdos y mercados asiáticos a través de China) dinamiza nuevas redes de cooperación y competencia.

Recuperación a largo plazo: Incluso bajo los escenarios más favorables, expertos estiman que recuperar niveles de producción significativos puede requerir al menos una década de inversiones masivas, estimadas en decenas de miles de millones de dólares, junto con reformas institucionales y legales completas.

Si se logra una reconstrucción sostenible y se reintegra a Venezuela como miembro operativo de la OPEP, su papel podría evolucionar desde actor marginal a proveedor relevante, siempre y cuando se solventen los graves cuellos de botella técnicos y políticos.

  1. Derecho internacional: reinterpretación y desafíos

Una de las cuestiones más delicadas en el contexto de la crisis venezolana es la manera en que el derecho internacional se ha puesto en tela de juicio como marco de referencia para resolver rupturas constitucionales y conflictos de soberanía.

El reciente episodio de intervención estadounidense que resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense ha sido percibido por muchos juristas como un desafío directo al orden internacional establecido por la Carta de las Naciones Unidas y las normas de no injerencia en los asuntos internos de estados soberanos. Tal acción ha suscitado debates sobre la legitimidad y límites del uso de la fuerza, y sobre cómo la comunidad internacional interpreta y aplica el principio de soberanía estatal.

Este incidente obliga a una reinterpretación crítica del derecho internacional: ¿hasta qué punto pueden las violaciones al orden constitucional interno justificar respuestas que retiren instrumentos procesales normalizados como la extradición o el debido proceso? Más aún, ¿cómo se equilibran los principios de protección de los derechos humanos con el respeto a la soberanía estatal cuando los mecanismos multilaterales parecen insuficientes o desarticulados?

Un nuevo equilibrio podría requerir marcos más robustos para dirimir crisis internas sin socavar los fundamentos de la cooperación internacional, preservando al mismo tiempo la protección de derechos fundamentales.

Conclusión: hacia una reconstrucción integral

Venezuela está en un punto de inflexión: la reconstrucción institucional, la revitalización de su industria petrolera y la reinterpretación del derecho internacional no son retos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas que determinarán el rumbo del país durante las próximas décadas.

La institucionalización de procesos democráticos genuinos es condición necesaria para cualquier recuperación sostenible. Sin ello, la transición puede derivar en fragmentación interna o en una dependencia prolongada de actores externos. Por su parte, la revitalización de la industria hidrocarburífera y su impacto dentro de la OPEP dependerán tanto de reformas estructurales como de la estabilización política.

Finalmente, la manera en que la comunidad internacional interprete y adapte el derecho internacional frente a las crisis de estados soberanos como Venezuela será decisiva para garantizar no solo la paz y el orden, sino también la justicia internacional en el siglo XXI.

 


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