La importancia de elegir bien a quien vigila el dinero público

La elección de la nueva persona titular de la Auditoría Superior de la Federación no es un trámite más dentro del calendario legislativo. Se trata de una de las decisiones más relevantes que tomará la Cámara de Diputados en materia de rendición de cuentas y control del gasto público.

La Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de revisar cómo se utilizan los recursos públicos federales, es decir, el dinero que proviene de los impuestos de todas y todos los mexicanos. Su trabajo consiste en fiscalizar, detectar irregularidades, señalar responsabilidades y garantizar que cada peso se utilice conforme a la ley y para los fines para los que fue aprobado.

Por eso, la persona que encabece esta institución debe cumplir con un perfil muy claro: independencia, capacidad técnica, experiencia en fiscalización y, sobre todo, una trayectoria que genere confianza pública. No se trata de una posición política, sino de una responsabilidad institucional que exige rigor, autonomía y compromiso con la transparencia.

Desde mi responsabilidad como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, tengo claro que este proceso debe llevarse con absoluta seriedad. No solo porque así lo exige la ley, sino porque el país necesita instituciones fuertes que garanticen el uso correcto de los recursos públicos.

La persona titular de la Auditoría Superior de la Federación tiene en sus manos una tarea fundamental: supervisar el ejercicio del gasto federal, evaluar programas públicos y señalar, cuando sea necesario, posibles actos de corrupción o uso indebido de recursos. En otras palabras, se trata de una figura clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

En un país donde durante años la rendición de cuentas fue débil o insuficiente, fortalecer los mecanismos de fiscalización es una tarea indispensable. La transparencia no puede ser discurso; debe traducirse en instituciones que funcionen, en auditorías rigurosas y en informes que permitan a la ciudadanía conocer cómo se utilizan los recursos públicos.

Por eso este proceso debe ser abierto, responsable y basado en méritos. No se trata de cuotas ni de intereses particulares, sino de elegir a la mejor persona posible para una institución que juega un papel central en el sistema democrático.

Elegir bien a quién audita al Estado es, en realidad, elegir cómo queremos que se vigile el dinero de la gente. Y esa responsabilidad no admite improvisaciones.