Propuesta de reforma electoral sometida a nuevo análisis en comisiones
La propuesta para reformar la ley electoral de Puebla y evitar que las personas señaladas por delitos penales pierdan sus derechos políticos y electorales mientras no se les dicte sentencia, quedó en pausa en el Congreso de Puebla.
La iniciativa fue objeto de críticas sociales que la consideraban un intento de proteger a diputados que han cometido agresiones políticas contra mujeres, a pesar de que parecía que la reforma sería aprobada sin complicaciones, el diputado panista Eduardo Alcántara Montiel, su autor, solicitó retirarla de la orden del día.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales defendió la propuesta como un cambio legal que respetaba la presunción de inocencia y carecía de retroactividad, sin embargo, el diputado Alcántara Montiel envió una solicitud por escrito para el retiro de la iniciativa, permitiendo que los diputados hicieran observaciones antes de enviarla a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
La abogada Erika de la Vega, víctima de acoso sexual y violencia política de género por parte del diputado Alcántara Montiel, acudió al Congreso para presenciar la discusión del dictamen con la esperanza de que no fuera aprobado.
La mujer se marchó del lugar después de que se les negara la entrada a las galerías del Pleno a algunas personas invitadas a la sesión, incluyendo los padres de Emmanuel Vara Zenteno.
Las reformas electorales deberán someterse a un nuevo análisis para determinar si deben avanzar o ser desechadas, en particular, se busca regular el actuar de los juzgadores electorales, ya que actualmente pueden considerar pruebas presentadas por la vía penal para dictar sentencias sobre temas políticos.
La propuesta de reforma busca que las personas señaladas por delitos penales no pierdan sus derechos políticos hasta que haya una sentencia, para lograrlo, se agregaría un párrafo al artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla para separar los procesos judiciales de los electorales.
De esta manera, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) deberán analizar minuciosamente el valor de los indicios presentados en una denuncia antes de considerarlos como pruebas plenas, sin atentar contra la presunción de inocencia de los acusados.
