Síndico de Acatzingo presenta denuncia contra alcalde por violencia política
La síndico de Acatzingo, Micaela Castro Solís, presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) contra el presidente municipal Abraham Martínez Jiménez, acusándolo de cometer violencia política de género, Castro Solís sostiene que desde que asumió el cargo, el presidente le ha dicho que está en esa posición debido a la cuota de género, además de discriminación basada en su edad.
“Él siempre ha dicho que por el hecho de ser mujer no estoy capacitada para mi cargo que me dieron, por ejemplo, unos días antes, en una mesa de trabajo, me dijo que estaba en ese cargo por él y por la pendejada de la cuota de género”, acusó.
La síndico también mencionó que ha sentido discriminación debido a su edad, ya que ella tiene 50 años mientras que el presidente municipal tiene 32 años y su equipo es considerablemente joven, Castro Solís recordó que llegó a su puesto mediante elección popular y que al comienzo de su gestión se designaron directores para asesorar a los titulares de las dependencias en la administración municipal.
La funcionaria municipal destacó que había experimentado tratos despectivos por ser mujer por parte del presidente municipal, hasta que la destituyó en una sesión de Cabildo grabada el 4 de agosto, en la cual no le permitieron ingresar.
A pesar de esto, considera que su destitución fue ilegal, ya que según sus argumentos, si fuera removida de su cargo, debería pasar por el Congreso de Puebla, un proceso que aún no ha tenido lugar, actualmente, se le niega la entrada a su oficina y se le impide asistir a las reuniones.
El 8 de agosto, Castro Solís acudió al IEE para presentar una denuncia formal por violencia política de género, ha solicitado a las autoridades que se haga justicia y que el presidente municipal reciba la sanción correspondiente conforme a la ley.
La síndico explicó que el alcalde justificó su destitución acusándola de no notificar al Ayuntamiento sobre una sentencia relacionada con un caso de despojo que tuvo lugar en 2019, según el abogado de los afectados, Juan Carlos Sandoval, se trata de un predio del mercado municipal por el cual el Ayuntamiento debe pagar una suma de 19 millones de pesos en daños y perjuicios.
Sandoval considera que este proceso era conocido por el Ayuntamiento desde hace un año y, por lo tanto, eximió de responsabilidad a la síndico, ya que no era una cuestión que el presidente municipal pudiera ignorar.
