Antecedente nacional abre la puerta a revocación de concesiones en Puebla

Luis David García

La posibilidad de revisar e incluso revocar concesiones otorgadas en Puebla, particularmente en los sectores del transporte y el agua, se ha convertido en un tema de debate público. Según el maestro Simón Alejandro Hernández León, Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, las concesiones son esquemas jurídicos que permiten a particulares prestar servicios que, en principio, corresponden al Estado, pero deben cumplir con obligaciones claras en favor del interés público.

El gobernador de Puebla ha calificado algunas concesiones como “leoninas”, es decir, altamente favorables a las empresas privadas y poco beneficiosas para la ciudadanía. Tal es el caso de Aguas de Puebla, cuya concesión se extiende hasta 2066-2076 y fue otorgada durante la administración de Rafael Moreno Valle. Aunque el plazo para su vencimiento es largo, existen mecanismos legales que permitirían su modificación o revocación si se demuestra que afecta el interés público.

De acuerdo con Hernández León, estas concesiones pueden ser revisadas a través de procedimientos administrativos y judiciales, particularmente si se prueba un enriquecimiento ilegítimo o una afectación a la hacienda pública. “Si los servicios no cumplen con el interés público, se puede modificar o revocar una concesión”, explicó.

Antecedentes en México: revocaciones y reformas

El tema de las concesiones no es exclusivo de Puebla. A nivel nacional, ha habido antecedentes relevantes en sectores como la radiocomunicación y la minería. En el primer caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha discutido si las concesiones de 50 o más años contravienen el interés público. Por otro lado, la reciente reforma a la Ley Minera redujo el plazo de concesiones a 20 años, evidenciando una tendencia hacia un mayor control estatal sobre estos contratos.

Para Puebla, estas experiencias pueden servir como antecedente y argumento para justificar una revisión de las concesiones. “El Estado es garante del funcionamiento de carreteras, transporte y servicios como el agua. Si los particulares no cumplen con las condiciones establecidas, el gobierno tiene la facultad de intervenir”, señaló Hernández León.

Diálogo o litigio: el camino a seguir

Si bien la vía judicial es una posibilidad para modificar o revocar concesiones, también se plantea la alternativa del diálogo entre autoridades y empresas concesionarias. “Un acuerdo podría evitar un largo proceso judicial y permitir condiciones más equitativas sin afectar el patrimonio de las empresas”, indicó el experto.

El problema radica en que estos procesos pueden ser prolongados. En caso de litigio, un juicio podría tardar varios años, pasando por instancias administrativas, judiciales y de revisión constitucional.

Corrupción y falta de supervisión: los retos de la fiscalización

Uno de los principales problemas en torno a las concesiones es la falta de fiscalización por parte del gobierno. “A pesar de que pasan distintas administraciones, el transporte sigue teniendo problemas graves, como unidades en mal estado y rutas piratas controladas por organizaciones con otros intereses”, comentó Hernández León.

Esto, sumado a posibles actos de corrupción, ha permitido que algunas empresas mantengan concesiones sin garantizar un servicio adecuado a la población. La revisión de estas concesiones es una necesidad para asegurar que el interés público prevalezca sobre el lucro privado.

El debate sobre la revocación de concesiones en Puebla apenas comienza, pero con antecedentes a nivel nacional y un creciente reclamo ciudadano, el gobierno estatal tiene la posibilidad de actuar en favor de un modelo de servicios públicos más justo y equitativo.