Indignación nacional por asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo

• Ataque armado sacude Michoacán y exhibe vulnerabilidad institucional pese a reforzada protección

Uruapan, Michoacán.– El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la noche del 1 de noviembre, cimbró al país y reavivó las alertas sobre la violencia política que persiste en México. El ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas, durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos, un evento público en el centro histórico al que asistieron cientos de personas.

Según los reportes oficiales, hombres armados dispararon al menos siete veces contra el edil mientras convivía con ciudadanos tras encabezar la inauguración de la festividad. En el lugar, un presunto agresor fue abatido y dos más fueron detenidos. Pese a ser trasladado de emergencia al hospital regional, Manzo murió minutos después a consecuencia de las heridas. En el ataque también resultaron heridos el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y un escolta.

Carlos Manzo, de 40 años, había asumido la presidencia municipal en septiembre de 2024 como independiente, tras una trayectoria política que incluyó su paso por la Cámara de Diputados con Morena. Conocido por su postura frontal contra el crimen organizado, el edil denunció en diversas ocasiones la infiltración del narcotráfico en la vida pública de Michoacán y exigió mayores medidas de seguridad.

Desde su llegada al cargo, contaba con protección de la Guardia Nacional y policías municipales debido a amenazas previas. En mayo de 2025 se había reforzado su esquema de seguridad, lo que hace más alarmante la facilidad con que fue atacado en un evento masivo y vigilado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación y trabaja en coordinación con autoridades federales. Hasta ahora, las autoridades han confirmado la detención de dos personas y el aseguramiento de un arma calibre 9 mm. Sin embargo, el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido.

Fuentes de seguridad apuntan a posibles vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la región, aunque no se ha identificado al grupo responsable. El ataque, ejecutado en pleno espacio público, refuerza la percepción de impunidad y capacidad operativa de las organizaciones criminales en el occidente del país.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y aseguró que “no habrá impunidad”, instruyendo al Gabinete de Seguridad a reforzar la presencia federal en Michoacán. A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lamentó la pérdida y anunció una coordinación estrecha con la federación para esclarecer los hechos; sin embargo éste último no ha sido bien visto por la comunidad.

Durante el funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, realizado el 2 de noviembre en la Funeraria San José y posteriormente en la Pérgola municipal, se vivieron momentos de profunda tensión y reclamo social. Cientos de ciudadanos acompañaron el cortejo fúnebre entre gritos de “¡Justicia!” y “¡Fuera asesino!”, dirigidos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue expulsado del lugar por familiares y simpatizantes del edil. La multitud le recriminó su presunta omisión frente a la creciente violencia en Michoacán y la falta de protección al alcalde, quien había denunciado amenazas de muerte y solicitado refuerzos de seguridad. El acto, que pretendía ser una despedida solemne, se transformó en una manifestación de indignación colectiva y de repudio a la impunidad.

En medio del llanto y la indignación, la esposa de Carlos Manzo, visiblemente consternada, pidió a las autoridades no permitir que el crimen quedara sin castigo.

Uruapan, considerado el segundo municipio más importante del estado, enfrenta una disputa territorial entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico y a la extorsión del sector aguacatero. El asesinato de Manzo se suma a una creciente lista de ataques contra autoridades locales, revelando la fragilidad institucional y la complejidad de gobernar en zonas de alta conflictividad.

La población exige justicia, y el país observa con atención un caso que podría redefinir el rumbo de la política de seguridad en Michoacán y en todo México.