Redacción Paralelo 19Violencia política cobra la vida de 57 ediles en México desde 2018
Desde diciembre de 2018, al menos 57 presidentes municipales y ediles han sido asesinados en México, de acuerdo con reportes de consultorías especializadas y recuentos periodísticos. El caso más reciente fue el de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ejecutado el 1 de noviembre de 2025, con lo que se actualizó la cifra nacional.
De esos 57 homicidios, 29 corresponden a autoridades en funciones, 18 a ediles electos y el resto a exalcaldes o funcionarios municipales. Los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca concentran el mayor número de casos, regiones históricamente marcadas por la presencia del crimen organizado y por conflictos locales vinculados a la disputa de recursos y control político.
Desde 2022 un patrón sostenido de violencia contra autoridades locales: 59 ediles asesinados durante los primeros cuatro años del actual sexenio. La tendencia no se ha revertido y evidencia los riesgos que enfrentan los gobiernos municipales en contextos de inseguridad estructural.
Entre los factores recurrentes, especialistas destacan la debilidad institucional de los municipios, la falta de recursos para seguridad pública y la impunidad en la mayoría de los casos. De hecho, los municipios en donde han ocurrido asesinatos de alcaldes suelen ser los de menor presupuesto y con limitada capacidad operativa para enfrentar amenazas delictivas.
Aunque distintas administraciones federales y estatales han prometido mecanismos de protección para autoridades locales, no existe un protocolo nacional unificado que garantice su seguridad. La persistencia de los asesinatos de ediles refleja un problema estructural de gobernabilidad municipal, donde las redes criminales continúan teniendo influencia y capacidad de intimidación frente al poder civil.
El saldo de 57 ediles asesinados desde 2018 constituye uno de los periodos más violentos para el ámbito municipal en México, con implicaciones directas en la gobernanza local, la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones.
