- La secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey fue capturada en Nuevo León tras una denuncia del senador Waldo Fernández; un juez federal dictó prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Karina Barrón Perales, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión.
La captura se realizó el 1 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en cumplimiento de una orden judicial. Posteriormente, la funcionaria fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal y trasladada a instalaciones federales para continuar con el procedimiento correspondiente.
El caso deriva de una denuncia presentada por el senador de Morena, Waldo Fernández González, quien acusó a Barrón y a otras personas de presuntamente fabricar señalamientos en su contra durante el proceso electoral de 2024. De acuerdo con el legislador, las acusaciones originales incluían delitos de carácter sexual, los cuales —sostiene— carecían de sustento y formaban parte de un montaje con fines políticos.
Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación y se define la situación jurídica de los imputados.
En el plano político, la detención generó reacciones tanto a nivel local como federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la actuación de la FGR se basa en elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación y rechazó que exista motivación partidista en el procedimiento.
El Gobierno de Monterrey informó que los hechos investigados no están relacionados con el desempeño de la funcionaria dentro de la administración municipal y reiteró su respeto al debido proceso.
Karina Barrón es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido diputada local y federal, y fue candidata al Senado en 2024. Su situación legal se definirá en las próximas audiencias, en las que la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para su vinculación a proceso.
