Exgobernador Silvano Aureoles enfrenta órdenes de captura por hechos del 2017

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  • El exgobernador de Michoacán y su exsecretario de Seguridad Pública son señalados por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad tras un operativo policial ocurrido en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua.

Un juez de control giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y al menos 14 elementos policiales estatales, por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos durante un operativo en la comunidad indígena de Arantepacua, en abril de 2017.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las órdenes judiciales están relacionadas con los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados del despliegue de fuerzas estatales que derivó en la muerte de cuatro comuneros purépechas, además de personas lesionadas y denuncias por detenciones arbitrarias.

El operativo ocurrió el 5 de abril de 2017 en el municipio de Nahuatzen, cuando policías estatales ingresaron a la comunidad con el objetivo de recuperar vehículos retenidos en el contexto de un conflicto agrario entre pobladores. Durante la intervención se registraron enfrentamientos que dejaron también un elemento policial fallecido y varios heridos.

Las indagatorias señalan que el despliegue policial fue autorizado desde la estructura de mando del gobierno estatal de ese periodo, por lo que las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes para proceder penalmente contra los exfuncionarios involucrados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido previamente observaciones sobre posibles violaciones graves a derechos humanos relacionadas con estos hechos, lo que derivó en la apertura de investigaciones que continuaron en los años posteriores.

Hasta el momento, las órdenes de aprehensión continúan vigentes y las autoridades mantienen acciones para localizar a los señalados. De manera paralela, el exmandatario estatal enfrenta otra investigación federal relacionada con presuntas irregularidades en la construcción de cuarteles policiales durante su administración.


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