Sin prioridad de pago para Puebla, gobierno del estado tiene el turno 219
Pese a ser la tercera cuenta con el monto más alto por liquidar, Puebla no tiene prioridad de pago por parte de Accendo Banco. De 407 acreedores pendientes, el gobierno estatal tiene el turno 219.
Los datos de la acreedora revelan que durante el gobierno de Miguel Barbosa, el proceso de liquidación de Accendo seguía su curso. Fue hasta el 9 de marzo de este 2023 que el Poder Judicial concretó el proceso de liquidación.
La posibilidad de recuperar la inversión multimillonaria que la Secretaría de Finanzas realizó en la institución bancaría en 2021 se ve compleja. Especialmente, por el universo que falta por liquidar.
Un juez federal, el pasado 9 de marzo de este año, dictó que Accendo Banco debe pagarles sus activos a todos sus acreedores con cuentas pendientes.
Sin embargo, el panorama para Puebla no es muy prometedor, ya que existe una amplia lista de clientes con prioridad de pago, misma en la que la entidad está rezagada.
El pasado mes de septiembre del 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decidió retirarle su permiso de operación a Accendo Banco. La razón se debió a “malas prácticas” financieras.
El 16 de diciembre de ese año, se presentó el escrito ante el juez para iniciar el proceso de liquidación. Hasta el 28 de ese mes se dictó la orden de pago de acreedores, pero no fue definitiva.
Fue hasta este 9 de marzo del 2023, que el Poder Judicial de la Federación concretó la sentencia de liquidación. Es decir, a más de año y medio de la extinción de Accendo.
La orden quedó asentada en el proceso de liquidación judicial 308/2021. En esta se marca que Accendo debe un total de 5 mil 840 millones 982 mil 324.3 pesos a 407 acreedores.
Junto con Accendo, el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, definió con base a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuentas con prioridad de pago.
- Bloque I: Créditos a favor de trabajadores por indemnización de salario o sueldos (adeudo por 30 millones 626 mil 715.89 pesos a 97 acreedores)
- Bloque II: Créditos laborales (adeudo por 7 millones 993 mil 468.27 pesos a 98 acreedores)
- Bloque III: Créditos de pago por obligaciones garantizadas (adeudo por mil 314 millones 991 mil 992.73 pesos a un acreedor)
- Bloque IV: Créditos de obligaciones garantizadas (adeudo por 3 mil 450 millones 590 mil 211.95 pesos a 65 acreedores)
- Bloque V: Créditos de otras obligaciones diferentes (adeudo por mil 36 millones 779 mil 963.46 pesos a 146 acreedores)
El resolutivo del Poder Judicial determinó que el gobierno de Puebla tiene un monto por liquidar de 604 millones 996 mil 131.70 pesos.
Dentro del listado de 407 acreedores pendientes por liquidar, la cuenta de la entidad es la tercera más alta por pagar. Sin embargo, no es la que mayor prioridad tiene.
El adeudo con la administración estatal se encuentra en el cuarto bloque de los mencionados. De los 65 acreedores ahí, Puebla tiene el turno 23 en orden de pago.
Sin embargo, en el panorama general de todas las cuentas que tiene Accendo, el Ejecutivo Estatal tiene el turno 219. Es decir, más de la mitad de las cuentas están antes que la de la entidad.
La cuenta más cara por liquidar es de 807 millones de pesos, además de que es del mismo bloque que la de Puebla y está cinco lugares antes.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el pago de Puebla dependerá del monto que tenga Accendo tras la venta de sus bienes.
Si se suman las 218 cuentas que van antes de Puebla en el orden de prioridad, hay un margen de 2 mil 508 millones 619 mil 952 pesos.
Pero, en su momento el IPAB notificó que solo podía asegurar un monto de liquidación de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por cliente. Esto es el equivalente a 2 millones 768 mil 169.20 pesos.
Esta cifra es abismalmente inferior a los más de 600 millones que Puebla invirtió, por lo que ahí dependerá del recurso que tenga Accendo y la negociación con el Ejecutivo estatal.
Adicional a esto, existe una incertidumbre sobre cuando la administración podría llegar a recibir dinero pues la sentencia de pago tiene apenas un mes.
Actualmente, el gobierno de Puebla tiene un litigio para negociar el monto que puede recuperar de los 600 invertidos inicialmente.
FUENTE: Ambas Manos