Organizaciones exigen al Gobierno de Puebla reparar el daño por tortura a Lydia Cacho
El pasado 13 de julio, la Fiscalía General de la República arrestó a Adolfo Karam, ex Director de la Policía Judicial del Estado de Puebla, dieciocho años después de que participara en el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho, esta detención representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad, siempre y cuando se cumpla con la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018.
Dicha resolución exige a las instituciones mexicanas reparar integralmente el daño causado a Lydia Cacho y reconocer que fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano, hasta la fecha, estos temas no han sido atendidos completamente, según señaló la organización Artículo 19.
Lydia Cacho, en respuesta a los acontecimientos, compartió un videomensaje en sus redes sociales, enfatizando la necesidad de encarcelar a todos los funcionarios públicos y criminales involucrados en la compra, venta y explotación sexual de niñas y niños, además, expresó su determinación de continuar adelante a pesar de haber sido torturada y víctima de un intento de eliminarla mientras se encontraba en el exilio.
La red de “macrocriminalidad” que Lydia Cacho investigó está vinculada a la trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero, y según informes, al menos diecinueve servidores públicos están involucrados en complicidad con estas actividades, entre ellos se encuentran tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla, un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge, lamentablemente, Kamel Nacif Borge fue exonerado hace dos años, a pesar de ser el líder de la red criminal que atacó a Lydia, según se afirmó en un comunicado.
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la investigación de Lydia Cacho se quedaba corta frente a la aplastante realidad de la trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano, a pesar de las dificultades generadas por los involucrados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, fue condenado a 112 años de prisión, además, el comandante José Montaño fue sentenciado por tortura policíaca y cumple una pena de siete años en prisión.
Dos ex policías más han sido condenados y sus penas están bajo revisión judicial de un Tribunal Colegiado de Circuito, también están siendo procesados el ex gobernador Mario Marín y otro policía, el plazo para determinar la situación de Karam Beltrán está a punto de vencer.
Los avances logrados hasta ahora son resultado del compromiso de Lydia y las organizaciones de la sociedad civil que la apoyan, la organización Article 19 exige al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo que actúen de acuerdo con lo que corresponde: la reparación del daño integral siguiendo los más altos estándares internacionales, como garantía de no repetición y protección a periodistas.
Tanto ARTICLE 19 como Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe mantendrán la exigencia de #JusticiaParaLydiaCacho y para todas las víctimas de explotación sexual infantil, estas organizaciones enfatizan la importancia de poner fin a las omisiones y complicidades que aún protegen a las redes de macrocriminalidad relacionadas con la explotación sexual de niñas y niños en México.
