Sergio Salomón se reunirá con familiares de Paulina Camargo tras 8 años de su desaparición
El gobernador Sergio Salomón Céspedes ha anunciado que está dispuesto a sostener una reunión con los familiares de Paulina Camargo, quien desapareció hace ocho años, durante una conferencia matutina, expresó su intención de escuchar sus inquietudes y demandas de justicia en persona, en los próximos días, revisará su agenda para determinar un momento adecuado y coordinar la reunión, en la cual estarán presentes miembros de su gabinete.
“Con mucho gusto, tenemos pendiente una reunión; veremos los tiempos y podremos escucharla”, mencionó el gobernador, la administración estatal se ha mantenido abierta a la escucha de colectivos y ciudadanos que expresan preocupaciones legítimas.
Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, llevó a cabo una manifestación pacífica la semana pasada en diversos espacios públicos, su objetivo es exigir avances en las acciones de búsqueda e investigación realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
La falta de novedades en relación a la desaparición de Paulina ha dejado a su familia en la incertidumbre durante casi una década, José María Sosa cumplió una sentencia por el delito de homicidio simple intencional, acusación de la que fue objeto en 2015, sin embargo, pese a los esfuerzos, el paradero de Paulina y los detalles sobre su caso siguen siendo desconocidos.
La madre de la joven desaparecida ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Paulina regrese, sin importar si está viva o fallecida, la incertidumbre en torno a la situación de su hija ha durado ya casi una década.
Adicionalmente, Sergio Salomón reiteró su postura respecto a no tolerar bloqueos en autopistas y carreteras, ya que causan trastornos significativos para la población, en referencia a un caso específico, donde habitantes de Santa Rita Tlahuapan han realizado dos manifestaciones en seis meses para solicitar la liberación de una persona, el gobernador subrayó que el llamado es a evitar estas acciones, ya que constituyen un delito.
La administración estatal ha reafirmado su posición de no permitir más bloqueos, advirtiendo que podrían iniciar procedimientos penales contra quienes los realicen.
