La CNDH responsabiliza a PEMEX y el Ayuntamiento de la explosión en Xochimehuacan
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a PEMEX y al ayuntamiento de Puebla por la explosión de una toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacan, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2021. Casi dos años después de este trágico suceso, que resultó en la muerte de cinco personas, 254 heridos y daños en 262 viviendas, la CNDH emitió una recomendación para ordenar la reparación del daño a las víctimas.
La resolución 169/2023 concluyó que Petróleos Mexicanos (PEMEX), PEMEX Logística y el ayuntamiento de Puebla fueron negligentes en la supervisión del ducto de gas LP que atravesaba la zona norte de la ciudad, donde se encontraban numerosas viviendas, a pesar de que tanto las leyes federales como las locales prohíben cualquier tipo de construcción en dicha área.
Según la CNDH, los tres entes tenían la obligación de supervisar el derecho de vía y de imponer sanciones, incluyendo la demolición y el desalojo, a cualquier construcción que se encontrara en la zona restringida, por lo tanto, la CNDH declaró a estos organismos responsables de la construcción irregular en la zona, de la toma clandestina, de la explosión y de las muertes, ya que todo esto surgió de la falta de diligencia adecuada, lo que resultó en la vulneración del derecho humano a la vida de las víctimas.
El documento sostiene: “Ante la falta de debida diligencia por parte de PEMEX, PEMEX Logística y el ayuntamiento de Puebla para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía en el lugar de los hechos, resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas, en tanto que tienen un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas como el gas”.
Como resultado, se instruyó a estas tres instituciones a implementar medidas de restitución, compensación y rehabilitación en favor de las personas afectadas, además de garantizar que no se repitan hechos similares en el futuro.
