Gobierno de Estados Unidos demandó a VW en Puebla por violación de derechos
El gobierno de Estados Unidos ha presentado una queja contra la empresa Volkswagen, acusándola de presunta violación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en su planta ubicada en Puebla, México.
Esta queja fue formalizada a través de una solicitud de investigación enviada al gobierno mexicano bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC. Se plantea una sanción inicial a la armadora, que incluye la instrucción al Departamento del Tesoro de suspender la liquidación de aranceles sobre bienes de Volkswagen destinados a la fabricación de vehículos y repuestos para automóviles.
Las autoridades estadounidenses argumentaron que en 2023, la empresa alemana exportó más de 300,000 vehículos, el 67% de los cuales estaban destinados a la venta en Estados Unidos. Además, el Comité Laboral Interinstitucional encontró “pruebas suficientes y creíbles” de que se estaban negando los derechos de los trabajadores, lo que llevó a la solicitud de revisión.
La subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales, Thea Lee, expresó su preocupación por las presuntas violaciones de la libertad sindical contra 10 sindicalistas en la planta de Volkswagen en Puebla, afirmando que tomar represalias contra los trabajadores por sus actividades sindicales viola los derechos protegidos por el T-MEC.
La solicitud se basa en una petición presentada el 25 de abril de 2024 por 10 trabajadores despedidos, quienes alegan que Volkswagen México violó la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores en la planta, que es la más grande y antigua en funcionamiento en el país.
La planta de Volkswagen en Puebla emplea alrededor de 6,100 trabajadores de la línea de ensamblaje, 5,000 empleados supervisores o de confianza, y miles de trabajadores de ensamblaje de piezas, fabricando 2,300 vehículos al día compuestos por seis modelos diferentes.
El gobierno mexicano tiene 10 días para decidir si realiza una revisión y 45 días para investigar los reclamos y presentar sus conclusiones.
