Puebla cierra noviembre con conciencia social y desafíos visibles

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Noviembre de 2025 se consolidó como uno de los meses más complejos del año para Puebla, atravesado por tensiones económicas, reclamos sociales históricos y alertas ambientales y de salud que evidenciaron problemas estructurales no resueltos. Lejos del cierre optimista que suele anticipar el fin de año, el penúltimo mes dejó un saldo de incertidumbre, desgaste institucional y una ciudadanía cada vez más exigente frente a un entorno adverso.

El Buen Fin más caro de la década. El Buen Fin, tradicionalmente presentado como un motor de reactivación económica, llegó este año envuelto en un contexto inflacionario que limitó severamente su impacto positivo. Analistas coincidieron en catalogar la edición 2025 como la más cara de la última década, especialmente en productos de tecnología y línea blanca, donde los precios no lograron compensarse con las promociones anunciadas.

En Puebla, las familias acudieron a las compras con cautela, conscientes de que el crédito se ha encarecido y de que el margen de error financiero es cada vez menor. La CONDUSEF alertó desde los primeros días del programa sobre un récord histórico de quejas por fraudes electrónicos, particularmente vinculados a compras en línea mediante páginas apócrifas y clonación de tarjetas, lo que debilitó la confianza en el comercio digital local.

Tanto en la capital como en otros municipios de la entidad, hubo operativos mientras se llevaron a cabo las ofertas de cada zona.

Bloqueos de familiares de desaparecidos. La ausencia de justicia volvió a ocupar el centro de la conversación pública con las protestas encabezadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas. En Puebla, los bloqueos en la autopista México-Puebla y el Periférico Ecológico evidenciaron el hartazgo ante investigaciones estancadas y protocolos de búsqueda que, denuncian, no se activan con la urgencia requerida.

La tensión social se incrementó cuando se intentó liberar algunos puntos de bloqueo, generando confrontaciones verbales entre automovilistas y familiares que sostenían las fotografías de sus seres queridos. Para los colectivos, la afectación vial es un recurso extremo para evitar que la tragedia de la desaparición sea normalizada. Aunque se instalaron mesas de diálogo y se anunciaron posibles refuerzos presupuestales, el escepticismo prevaleció. Noviembre quedó marcado por este luto activo que sigue interpelando al Estado.

Incendios fuera de temporada y un clima fuera de control. En un fenómeno atípico, la temporada de incendios forestales se extendió hasta finales de otoño. La Mixteca y la Sierra Negra enfrentaron semanas críticas por la persistencia de siniestros favorecidos por la ausencia de frentes fríos con lluvias. La vegetación seca convirtió amplias zonas en áreas de alto riesgo.

Las brigadas de Protección Civil y voluntarios trabajaron al límite, enfrentando incendios simultáneos en terrenos de difícil acceso. En comunidades rurales, el fuego avanzó peligrosamente hacia cultivos y viviendas, mientras el combate se realizaba, en muchos casos, con herramientas manuales.

Las consecuencias ambientales fueron severas: pérdida de cobertura vegetal, mayor riesgo de erosión y posibles deslaves futuros. A ello se sumaron afectaciones directas a la salud, con un aumento de padecimientos respiratorios por la mala calidad del aire. Las autoridades reconocieron la necesidad de replantear los calendarios de prevención, confirmando que el cambio climático ya impacta de manera directa y permanente en el territorio poblano.

El Atoyac, símbolo persistente de contaminación e impunidad. El río Atoyac volvió a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de nuevas descargas industriales que tiñeron sus aguas y afectaron zonas habitacionales cercanas. Organizaciones civiles documentaron vertidos con presencia de metales pesados por encima de normas internacionales, reavivando la indignación social.

La crítica apuntó a la supervisión ambiental y al funcionamiento deficiente de plantas de tratamiento, mientras legisladores exigieron auditorías profundas. Más allá del daño ecológico, el Atoyac se reafirmó como un símbolo de los costos ocultos del desarrollo industrial y de la falta de sanciones efectivas.

Al cierre del mes, no se reportaron castigos ejemplares contra los responsables, aunque la presión social obligó a reactivar foros para un nuevo plan de rescate. La pregunta volvió a ser inevitable: cuánto tiempo más podrá sostenerse la omisión antes de que el daño sea irreversible.

Desabasto de medicamentos y la fractura de la confianza en la salud pública. La crisis en el sistema de salud alcanzó uno de sus puntos más críticos en noviembre. Hospitales de distintos niveles reportaron escasez de medicamentos e insumos básicos, afectando tanto tratamientos crónicos como procedimientos de emergencia. Pacientes y familiares salieron a protestar con recetas sin surtir, mientras médicos denunciaron que debían pedir a los usuarios comprar materiales indispensables. Aunque las autoridades atribuyeron el problema a retrasos en licitaciones federales, los testimonios en redes sociales reflejaron cancelaciones de cirugías y tratamientos interrumpidos.

En el caso de los hospitales del IMSS, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta informó que Puebla logró un 90 % de abasto en medicamentos, tras reunirse el 19 de noviembre con la presidenta Claudia Sheinbaum y otros mandatarios estatales para evaluar el desempeño del IMSS-Bienestar.

Migrantes poblanos bajo alerta por redadas en Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tuvo un impacto inmediato en Puebla. Migrantes poblanos alertaron a sus familias sobre un incremento en redadas, generando temor e incertidumbre en comunidades altamente dependientes de las remesas.

Municipios como Atlixco e Izúcar de Matamoros registraron una contracción en el envío de recursos, mientras crecía la demanda de apoyo legal y consular. Aunque el gobierno estatal activó protocolos de atención, la magnitud del fenómeno rebasó las capacidades institucionales, sin embargo, del 1 de enero al 24 de octubre se repatriaron o a 7 mil 150 poblanos derivados de las redadas en Chicago, Nueva York y Nueva Jersey, informó el director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez.

Siniestros viales, una amenaza cotidiana. Las carreteras poblanas registraron un repunte alarmante de accidentes viales, particularmente en el Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla. El exceso de velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol fueron factores recurrentes en los peritajes.

Colectivos de movilidad exigieron medidas más severas, como fotomultas permanentes y rediseño de tramos peligrosos, mientras la respuesta oficial se limitó a operativos temporales. El saldo de víctimas y daños materiales dejó en evidencia que la seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente.

Empresarios en alerta por desaceleración económica. El sector empresarial cerró noviembre con señales claras de desaceleración. A pesar del Buen Fin, pequeños comercios reportaron ventas inferiores a lo esperado y márgenes cada vez más estrechos por el encarecimiento de insumos y servicios.

La Cámara de Comercio advirtió que la incertidumbre política, la inseguridad y las tasas de interés elevadas han frenado la inversión y el crecimiento de las PyMEs. El cierre de negocios en zonas tradicionales de la capital se convirtió en un reflejo tangible de la fragilidad económica.

Sin incentivos claros y con un consumo interno débil, el empresariado poblano llegó a diciembre con expectativas moderadas, confiando en que la temporada navideña logre amortiguar un año marcado por la cautela y la resistencia.


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