Contratos millonarios, proyectos rechazados y una disputa mediática: el trasfondo del conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de Puebla

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El conflicto entre el Gobierno de Puebla y TV Azteca no surgió de la nada. Detrás de los recientes ataques mediáticos hay una historia de proyectos, contratos solicitados y negociaciones fallidas que, de acuerdo con documentos y declaraciones oficiales, involucraban montos que superaban los 2 mil 350 millones de pesos.

Durante 2024 y 2025, empresas vinculadas a Grupo Salinas, conglomerado propietario de TV Azteca, se acercaron a la administración estatal con distintas propuestas de negocio. Entre ellas figuraban servicios de telecomunicaciones, digitalización de archivos, software para control vehicular, seguros institucionales e incluso provisión de internet para oficinas gubernamentales.

Los documentos muestran que algunos proyectos incluían digitalización documental para dependencias estatales, desarrollo de software para el control de grúas y corralones, así como pólizas de seguros para dependencias y patrullas con valores que iban de 30 a más de 80 millones de pesos.

Además, se propuso un proyecto para proveer internet a oficinas del gobierno estatal con un contrato estimado en 10 millones de pesos a 36 meses, así como una iniciativa de mayor escala: una red dorsal de telecomunicaciones valuada en aproximadamente 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. El Gobierno de Puebla decidió no firmar los contratos ni establecer convenios con la empresa, al considerar que no se ajustaban a su política de contratación pública.

 

 

A partir de entonces, la relación se tensó.

En enero de 2026, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, denunció públicamente que la televisora habría buscado convenios y contratos por más de 2 mil 350 millones de pesos, y que tras la negativa del gobierno estatal TV Azteca inició una campaña de desprestigio mediático contra la administración poblana.

La administración estatal incluso llegó a calificar esta presión como un “cobro de piso mediático”, al señalar que la ofensiva informativa coincidía con el fracaso de las negociaciones comerciales.

El episodio refleja un fenómeno recurrente en la relación entre poder político, recursos públicos y grandes consorcios mediáticos: cuando los contratos no llegan, la disputa suele trasladarse al terreno informativo.

En este caso, Puebla se convirtió en el escenario más reciente de una confrontación que también tiene un contexto nacional. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y uno de los empresarios más ricos de México, mantiene desde hace años conflictos públicos con distintos gobiernos y con el propio fisco mexicano por litigios fiscales y disputas económicas.

Así, lo que hoy se presenta como una batalla mediática en Puebla tiene detrás un componente económico claro: contratos millonarios que nunca se concretaron.


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