La crisis de violencia de género en Puebla ha dejado de ser una serie de eventos aislados para convertirse en una constante alarmante. De acuerdo con el reporte “La lucha por la justicia es una lucha por la vida” del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla, durante los últimos cinco años la entidad ha registrado, en promedio, un feminicidio cada semana. Este análisis subraya que la mayoría de estas agresiones fatales ocurren dentro de un vínculo amoroso o de confianza, una tendencia que ha escalado hasta el punto de que, entre 2023 y 2025, seis de cada diez víctimas conocían directamente a su agresor.
Este patrón de violencia en el núcleo cercano se ha hecho visible nuevamente con la reciente detención de Manuel Macario “N”, de 75 años de edad. El sujeto es señalado como el probable responsable del feminicidio de su esposa, la maestra Elsa Leticia Martínez Ortiz, quien fuera una reconocida docente de 72 años. El crimen ocurrió en marzo de 2026 en el municipio de Cuautlancingo, donde la víctima fue hallada en su domicilio con lesiones visibles en el cuello, tras un aparente ciclo de violencia familiar que culminó en tragedia.
La legislación local es explícita respecto a estos actos. El Artículo 338 del Código Penal de Puebla define que el delito de feminicidio se configura cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. Entre los criterios legales se encuentran precisamente la existencia de una relación sentimental o de afecto entre el agresor y la víctima, así como la presencia de lesiones infames, degradantes o actos de crueldad previos o posteriores al asesinato.
Entre 2023 y 2025, seis de cada diez víctimas de feminicidio en Puebla conocían directamente a su agresor.
Sin embargo, a pesar del marco legal, existe una profunda brecha entre la incidencia delictiva y la justicia. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante el primer cuatrimestre de 2026, 29 mujeres fueron asesinadas en Puebla, pero solo tres casos se clasificaron oficialmente como feminicidios.
Y sin duda el gobierno poblano actual trabaja en la atención inmediata de las mujeres víctimas de violencia a través de diferentes espacios y ajustes legales, pero este fenómeno revela una preocupante dinámica: la violencia física contra las poblanas se ejerce de manera predominante mediante agresiones directas en contextos donde no se utilizan armas letales. Esto refuerza la tesis de que los ataques están vinculados a dinámicas de violencia familiar o de pareja, donde la cercanía física y emocional con el victimario se traduce en una vulnerabilidad extrema para las mujeres dentro de sus propios hogares.
