Gobierno de Puebla mantendrá casa de Mario Marín bajo vigilancia
El gobierno del estado es el responsable de resguardar a Mario Marín Torres en su residencia de Xilotzingo, tras su llegada al lugar la madrugada de hoy, así lo establece la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales en su artículo 59, que señala que habrá vigilancia en su vivienda en el Residencial San Ángel.
Este artículo especifica que se deberá brindar la vigilancia correspondiente y, en caso de que Marín Torres incurra en un comportamiento inapropiado, se notificará al juez de Ejecución para las acciones pertinentes, el artículo 6, capítulo II, detalla que las autoridades responsables de la vigilancia deberán presentar informes detallados mensualmente a las autoridades administrativas y al juez de Ejecución.
Por otro lado, el artículo 65 de la ley establece que, antes de la llegada de Marín Torres a su domicilio, se debió llevar a cabo un procedimiento de evaluación de riesgos para los imputados, el objetivo de este procedimiento es proporcionar información relevante al Ministerio Público y a la defensa para presentarla ante los jueces de Control, quienes decidirán sobre la necesidad de imponer, modificar o extinguir las medidas cautelares.
El artículo 70 estipula que un área especializada, bajo la dirección del gobierno del estado, diseñará el plan de supervisión de las medidas cautelares, considerando su alcance y naturaleza, este plan incluye visitas no anunciadas al domicilio del exgobernador, así como la exigencia a Marín Torres de proporcionar muestras para detectar el posible consumo de alcohol o sustancias estupefacientes.
La jueza que otorgó la libertad condicional a Marín determinó que deberá portar un brazalete electrónico las 24 horas del día hasta que se resuelva su proceso legal, además, el exgobernador de Puebla deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares durante su arresto domiciliario:
– Prohibición de salir del país; se le retiraron pasaporte y visa.
– Prohibición de acercarse a la víctima.
– No podrá comunicarse con la víctima ni con su defensa.
– Deberá pagar 100 mil pesos como garantía económica.
