Recomendación de la CDH expone fallas en la protección a Esmeralda Gallardo
A dos años del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora en Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) señaló que hubo negligencias y omisiones en su protección, por ello, emitió la Recomendación 28/2024 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al ayuntamiento de Puebla.
En su pronunciamiento, la CDH confirmó que se violaron los derechos humanos de la víctima, lo que contribuyó a que fuera asesinada, también se acreditaron violaciones al derecho a la seguridad jurídica al no aplicar el marco legal para garantizar su protección, además, se vulneraron los derechos a la integridad personal de tres víctimas indirectas y se causó un daño significativo al proyecto de vida de una de ellas.
La recomendación surge tras una investigación iniciada por la CDH a raíz de la publicación de una nota periodística titulada “Asesinan a madre buscadora en Puebla; había solicitado protección”, fechada el 4 de octubre de 2022, Blanca Esmeralda fue asesinada el 4 de octubre de 2022 en Villa Frontera, a un costado de la autopista México-Puebla, mientras continuaba la búsqueda de su hija Betzabé Alvarado Gallardo, desaparecida desde enero de 2021 en la misma zona.
Según la investigación, tras la desaparición de su hija, Esmeralda inició una búsqueda independiente y se abrió una carpeta de investigación, el 15 de marzo de 2022, como parte de esta carpeta, se dictaron medidas de protección a su favor, sin embargo, dichas medidas carecieron de un análisis de riesgo adecuado y fueron implementadas de manera limitada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio, que unilateralmente restringió su duración a 30 días.
El 4 de octubre de 2022, cuando Esmeralda fue asesinada, ya no contaba con medidas de protección vigentes.
Ante estos hechos, la CDH recomendó a la FGE y al ayuntamiento la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo apoyo psicológico y compensación económica, también urgió a realizar reformas institucionales para garantizar la eficacia de las medidas de protección, así como a capacitar al personal público con perspectiva de género, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
