Presión política dilató sentencia de Zavala; Armenta evitó impunidad: Citlalli Hernández

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  • Citlalli Hernández revela intentos de favorecer a Javier López Zavala y destaca el papel del gobierno estatal para evitar la impunidad.

En medio del debate nacional sobre la influencia del poder político en la impartición de justicia, el caso del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón volvió a colocarse en el centro de la agenda pública. La secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, reveló que durante el proceso judicial existieron presiones políticas orientadas a favorecer a Javier López Zavala, derivadas del poder e influencia que el ex funcionario priista mantenía en el estado de Puebla.

En declaraciones públicas, la funcionaria federal expuso que el caso enfrentó una estrategia jurídica diseñada para dilatar la impartición de justicia. La presentación constante de amparos y recursos legales por parte de la defensa de López Zavala prolongó el juicio por más de dos años, convirtiéndolo en uno de los procesos por feminicidio más largos y complejos en la entidad.

Hernández Mora señaló que, a pesar de este contexto, dos factores resultaron determinantes para que se alcanzara finalmente una sentencia condenatoria. Por un lado, destacó la firmeza de Helena Monzón, hermana de la víctima, quien encabezó una exigencia permanente de justicia y mantuvo el caso en el centro del debate público. Por otro, subrayó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, a quien atribuyó un papel clave para frenar cualquier intento de encubrimiento y garantizar que el proceso avanzara sin interferencias políticas.

La secretaria enfatizó que la perseverancia de la familia de Cecilia Monzón fue fundamental para impedir que las redes de poder influyeran de manera definitiva en el desenlace del juicio, en un escenario donde —dijo— históricamente la influencia política ha obstaculizado procesos judiciales de alto perfil.

Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. La resolución se dio tras un largo proceso marcado por aplazamientos, litigios prolongados y señalamientos de trato privilegiado, lo que generó atención nacional y el acompañamiento de organizaciones feministas y autoridades federales.

Las declaraciones de Citlalli Hernández reabren la discusión sobre la autonomía del sistema judicial frente al poder político, particularmente en casos de violencia de género, y colocan nuevamente en la agenda pública la necesidad de garantizar procesos judiciales libres de presiones, incluso cuando los acusados cuentan con trayectoria y redes políticas consolidadas.


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