Falsificar documentos para acceder a contratos gubernamentales no es una “irregularidad administrativa”; es un ataque directo a la confianza pública. Si además esa documentación presuntamente alterada sirve para ingresar al padrón de proveedores del gobierno, la gravedad aumenta, porque el objetivo deja de ser únicamente engañar a una autoridad y se busca acceder al dinero […]
